El persistente y grave problema de la escasez de agentes en Islas Baleares genera situaciones como la acontecida la noche del pasado domingo. En Menorca tan sólo había una patrulla de la Guardia Civil para atender todas las incidencias que pudiesen ocurrir y se dio la circunstancia de que no pudieron prestar el servicio habitual por tener que custodiar a un detenido en el hospital durante toda la noche.
Como es frecuente, cuando hay necesidad de reforzar el servicio y cubrir la escasez de agentes en las distintas demarcaciones del Cuerpo, esta vez también se recurrió a la Unidad de Seguridad Ciudadana de Mallorca para la cobertura. Los agentes tuvieron que desplazarse en helicóptero hasta Menorca y así prestar el servicio correspondiente. El traslado aéreo puede tener un coste estimado de 6.000 euros. Esta situación es evitable, pero la desidia de la Administración y de la propia Guardia Civil de Islas Baleares compromete gravemente la seguridad ciudadana y propician este tipo de circunstancias.
Desde la Delegación de Baleares de la Asociación Unificada de Guardias Civiles denunciamos el parcheo que se hace periódicamente para cubrir los servicios en las islas. Como ya es sabido, el número de efectivos es insuficiente. Al mismo Gobierno Balear, a la Delegación del Gobierno y a otras Instituciones les falta tiempo para vanagloriarse del aumento de Guardias Civiles para la mal llamada “Operación Verano”. Se debería llamar “Operación Parcheo” porque la mayoría de agentes que vienen se les destina a cubrir el hueco que dejan los compañeros que se van de vacaciones. Hablar del incremento de agentes es una mentira descarada hacia la ciudadanía.
La mayoría de los Guardias Civiles en comisión de servicio vienen forzosos desde otros lugares de la Península y perdiendo dinero, ya que la irrisoria dieta diaria que perciben no les llega para poder pernoctar y alimentarse dignamente. Todo ello afecta a su estado de ánimo.
La falta de plantilla de la Guardia Civil es un grave problema para la seguridad ciudadana que no se quiere abordar y que supone un durísimo perjuicio económico además de una sobrecarga laboral brutal para los agentes destinados en Baleares, que inevitablemente se quieren marchar cada día más y con más prisa. No hay que olvidar que también repercute a las arcas públicas, como es el caso del transporte en helicóptero que se denuncia ahora.
