A día de hoy es evidente la sangría que provoca la falta de agentes de la Guardia Civil en Andalucía y que cada día va en aumento. Una carencia que ya de por sí a nivel nacional es notoria y palpable y que en Andalucía lo es aún más. Siendo la segunda comunidad autónoma con más volumen de habitantes y con ocho provincias después de Castilla y León.
Es destacable que entre las ocho provincias andaluzas no han llegado a 130 las vacantes cubiertas recientemente, repartidas entre diferentes especialidades y seguridad ciudadana, siendo esta última la más perjudicada y la que más déficit tiene. Y por supuesto algo tendrá que ver el aumento del índice de criminalidad en Andalucía, que en el último informe publicado por el Ministerio del Interior sitúa la cifra de criminalidad en 10,5% con respecto al total nacional que se sitúa en un 7,2%.
Destacar que Andalucía por su distribución geográfica, tanto terrestre como marítima, está más expuesta a cualquier tipo de delincuencia, especialmente al narcotráfico. Así como a la inmigración clandestina que tienen en las costas sus más fieles aliados.
Si añadimos la inacción evidente del Delegado del Gobierno en Andalucía que ningunea constantemente a los representantes de los guardias civiles en especial a AUGC haciendo oídos sordos a las más que justas e importantes consideraciones de quienes conocen las carreteras, costas y calles de las demarcaciones de la Guardia Civil, el coctel de la inoperatividad está servido.
La falta de convocatorias de oferta empleo público que compensen el flujo de pases a situación de retiro y reserva no es suficiente desde hace años. La gestión del ejecutivo con el Ministerio del Interior a la cabeza es nefasta. No vale que la oferta empleo público para el año 2023 sea de 2520 plazas si luego no sirven para paliar las plantillas.
La Guardia Civil sigue siendo el hermano pobre de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todos los aspectos, tanto materiales como humanos. Situación que no se da en las policías autonómicas, ya que recientemente, el Gobierno ha subvencionado a los Mossos d' Esquadra con una partida de 43 millones de euros para “actuaciones de transición energética” y “flotas de vehículos” mientras que los guardias civiles en seguridad ciudadana cuenta con una inmensa flota de vehículos que sobrepasa los 10 o 15 años de antigüedad y excesos de kilometrajes.
Y todavía la propia Dirección General de la Guardia Civil, los altos mandos que nunca han pisado las calles prefieren mantener la estructura arcaica y obsoleta de un modelo policial desfasado antes que instar al Gobierno a dotar de los medios necesarios, humanos y materiales para que los guardias civiles puedan desarrollar su labor policial óptima y que el ciudadano se sienta más seguro.
