Ante un requerimiento de AUGC, el Ministerio del Interior reconoce que, a fecha 31 de diciembre de 2020, sólo el 1% de los vehículos celulares que tiene asignados la Guardia Civil para las conducciones y traslados de presos y detenidos han sido fabricados tras la aprobación en 2015 de la norma que regula las especificaciones técnicas que deben reunir dichos vehículos. Ninguno de los 217 furgones de la categoría M1 (hasta nueve plazas) se ha construido después de esa fecha, y sólo cuatro de los 95 de la categoría M2-M3 (más de nueve plazas) se fabricaron en 2018.
Es incomprensible que, tras aprobar una norma tan relevante para la seguridad de los guardias civiles y sobre todo de las personas presas o detenidas, durante cinco años sólo se hayan asignado cuatro nuevos vehículos. Pero lo más indignante es que, durante ese mismo periodo de tiempo, se han adquirido 95 furgones para la Policía Nacional, que suponen el 34 % de su flota a fecha de 31 de diciembre pasado. Solo en 2019 se dotó de nada menos que 60 nuevos vehículos celulares a dicho Cuerpo, a pesar de que la Guardia Civil realiza anualmente un 20 % más de conducciones que la Policía Nacional.
Debe tenerse en cuenta que las especificaciones técnicas reguladas en la orden ministerial de 2015 se refieren a aspectos tan relevantes como cinturones de seguridad, materiales resistentes, climatización, renovación de aire, sistema de video-vigilancia, alumbrado interior, salida de socorro, extintores, etc.
De hecho, la gran mayoría de los vehículos celulares de la Guardia Civil carecen de cinturones de seguridad para los presos y detenidos, y tienen asientos rudimentarios orientados lateralmente, por lo que en caso de accidente, o incluso ante simples maniobras bruscas o frenazos, corre grave riesgo la integridad física y la vida de los conducidos, sobre todo teniendo en cuenta que esos furgones recorren miles de kilómetros cada año, con largos y continuos desplazamientos.
Furgones viejos y en mal estado
La situación se agrava aún más a la vista de los datos facilitados por Interior respecto a antigüedad y kilometraje, porque los vehículos celulares de la Guardia Civil presentan una media de quince años de antigüedad, llegando 71 de ellos a los 20 años o más (22 % de la flota), e incluso ocho vehículos alcanzan los 23 años. Esta situación contrasta con los furgones de la Policía Nacional, que apenas superan el promedio de once años.
Además, al no haberse ido adquiriendo nuevos vehículos en la Guardia Civil, durante los últimos tres años se ha incrementado el envejecimiento de la flota, pasando de los doce años de media en 2017 a los quince actuales. Si atendemos a los datos desglosados por provincias, 36 de ellas igualan o superan la antigüedad media de quince años, estando a la cabeza Burgos, Lleida, Salamanca, Guadalajara, Guipuzcoa, Melilla y Zamora, estas cuatro últimas con una media de 20 años.
Por otro lado, mientras que en 2017 los furgones de la Guardia Civil presentaban un promedio de 250.000 kilómetros recorridos, en diciembre de 2020 esa media supera ya los 300.000 kilómetros, y casi un tercio de esos vehículos celulares acumulan más de 400.000, el 16 % tienen más de 500.000, superando varios los 800.000 e incluso alguno se aproxima al millón de kilómetros. Por el contrario, los furgones de la Policía Nacional apenas promedian 89.000 kilómetros, y sólo seis de sus 280 vehículos superan los 300.000.
En el ámbito de Guardia Civil, 21 provincias superan la media de 300.000 kilómetros, encabezadas por Alicante, Lugo, Zaragoza, A Coruña, Cantabria y Zamora, las dos últimas con promedios cercanos a los 500.000.
Obviamente, el excesivo envejecimiento y kilometraje conllevan un elevado coste económico porque muchos de los vehículos sufren habitualmente averías, incrementándose considerablemente el gasto en reparaciones y mantenimiento.
A la vista de unos datos tan reveladores y contundentes, cabe preguntarse por qué los sucesivos gobiernos y ministerios del Interior muestran un desprecio tan evidente hacia los guardias civiles que se encargan de las conducciones, generando un vergonzoso agravio respecto a los policías que desempeñan esos mismos cometidos, a pesar de que la Guardia Civil realiza muchos más traslados que la Policía Nacional.
Esos datos ponen de manifiesto la escasa preocupación que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil muestran por la seguridad de los agentes que ejercen dichas funciones, pero sobre todo por la seguridad de los presos y detenidos que son trasladados en los citados vehículos.
Por todo ello, resulta indignante que en su comparecencia el pasado 18 de marzo ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, presumiera de unos “recursos materiales adecuados” y de la “construcción y validación de dos nuevos prototipos de vehículo para el traslado de detenidos y presos”.
Durante las últimas semanas se están distribuyendo varios furgones nuevos, pero sólo para algunas provincias y en número claramente insuficiente para paliar siquiera mínimamente las necesidades existentes. Se trata de un problema crónico desde hace muchos años que AUGC viene denunciando reiteradamente.
Cabe destacar la falta de transparencia del ministerio encabezado por Fernando Grande-Marlaska, que denegó la información solicitada, por lo que AUGC ha tenido que reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano que ha dado la razón a esta asociación profesional y ha obligado a Interior a facilitarle los datos sobre vehículos celulares.
