El litigio afectaba a un afiliado que tras un largo período de baja por enfermedad pasó directamente a retiro por enfermedad sin poder hacer uso de sus vacaciones. Tras lo ocurrido el afectado realizó la correspondiente petición a la Dirección General de la Guardia Civil, la cual fue denegada e incluso ignorada por parte de dicho órgano.
Ante el silencio administrativo, los Servicios Jurídicos de AUGC Huelva, con el letrado Juan Rodríguez, tomaron cartas en el asunto haciéndose cargo de la reclamación y del correspondiente recurso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (T.S.J.M.), que mediante sentencia resolvió a favor del guardia civil afectado, consiguiendo finalmente el abono de la cuantía de 3.500 euros en concepto de ‘vacaciones no disfrutadas’.
La sentencia del T.S.J.M no deja lugar a dudas y dice: “Sala ha examinado el tema, partiendo de la doctrina sentada por el TJUE y entiende que la exclusión del art. 2.2 de la Directiva 89/391, que se venía aplicando al personal de la Guardia Civil, no es realmente aplicable puesto que, no consta oposición a la normativa contenida en la Directiva por las particularidades del Cuerpo de la Guardia Civil. Es decir, en la normativa de aplicación a dicho Cuerpo no se especifica aspecto alguno sobre que las particularidades de su función impidan la aplicación de la concreta Directiva en el tema que se examina que es la interpretación y aplicación del art. 7 de la Directiva 2003/88. La sala estima el recurso y declara el derecho a compensación por vacaciones no disfrutadas, durante 2018 y la parte proporcional de 2019, e impone las costas a la Guardia Civil”.
Nuevamente deben ser los tribunales mediante la aplicación de directivas europeas, los que otorguen los derechos a los guardias civiles que ya tienen otros funcionarios y que son sistemáticamente denegados por su situación de “especial singularidad”, concepto acogido para no aplicar los mismos derechos que son otorgados al resto de funcionarios del Estado.
Desde AUGC Huelva queremos poner en valor este tipo de servicios que presta la asociación a sus afiliados, porque no solo contribuyen a la defensa de los derechos de los guardias civiles, sino que, como en este caso y en otros muchos, sirven para que el resto de guardias civiles puedan acogerse a este tipo de reclamaciones, que han obligado a la propia Guardia Civil a cambiar la normativa interna, aunque con recortes que nuevamente tendrán que ser resueltos por los tribunales.
Es de agradecer el gran trabajo y el esfuerzo realizado por los servicios jurídicos de AUGC Huelva y de su letrado por su esmero y profesionalidad en la lucha por los derechos de los guardias civiles.
