El Ministerio del Interior ha formalizado un contrato para la adquisición de 30.000 fundas anti hurto para pistolas. Según la información oficial, se suministrarán 10.000 fundas anuales, entre 2022 y 2024. Ante esta compra y la posterior distribución planificada, la Comisión de los Servicios de Protección y Seguridad de la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha tramitado un escrito al Consejo de la Guardia Civil para reclamar dotaciones para todos los agentes destinados en Secciones y Destacamentos de Seguridad Penitenciaria, Núcleos de Servicios, SEPROSEs y UPROSEs-.
La Dirección General no puede olvidar, como ya ha ocurrido en alguna ocasión, a los Guardias Civiles de la especialidad. Recordamos cuando nos relegó de las adjudicaciones de chalecos antibalas o de defensas extensibles, hasta el punto de que a día de hoy todavía hay muchos agentes que carecen de este material. De este modo, prevalece la falta de recursos dentro del servicio operativo y ya hemos avisado mediante comunicación escrita al Consejo: Las fundas anti hurto son especialmente necesarias para el personal que presta servicios operativos con presos y detenidos. La extracción del arma reglamentaria sería un grave peligro para la integridad de los Guardias Civiles, ciudadanos, personal sanitario y el resto de funcionarios que se encuentran en centros hospitalarios, sedes judiciales o cualquier dependencia donde se realizan labores de custodia y traslado.
Las fundas asignadas actualmente posibilitan el robo de la pistola con gran facilidad. Es una circunstancia que se puede evitar, más teniendo en cuenta que el propio servicio de prevención de la Guardia Civil señala que en los cometidos de conducción y custodia de presos y detenidos existe el riesgo de agresiones físicas con armas, identificando como factores de dicho riesgo la “falta o insuficiencia de equipos de trabajo policial necesarios para desarrollar la tarea”. La Institución determina al respecto acciones preventivas de “dotación de los equipos de trabajo policial necesarios”. Es lo que pedimos desde AUGC.
Además, el Defensor del Pueblo también ha puesto de manifiesto que las fundas anti hurto se deben adjudicar, especialmente y sin lugar a dudas, al personal que presta estos servicios operativos: “Se estima necesario que el personal de custodia y traslado de personas privadas de libertad disponga de fundas anti hurto como elemento de seguridad y retención ante eventuales incidentes […], establecen a través del Mecanismo Nacional de Prevención en su informe anual. A lo que añade que “la Dirección General de la Guardia Civil ha informado sobre la prioridad del Cuerpo en dotar a todos sus componentes con estas fundas”. Esperemos que la Guardia Civil cumpla.
