Una vez más, un representante de AUGC ha tenido que acudir a los tribunales de justicia para que se le reconozcan sus derechos y se anule la sanción injusta que le impuso la Guardia Civil con el visto bueno de María Gamez.
En este caso, hablamos de nuestro representante de Cantabria, Ángel Iglesias.
Este compañero, destinado en el momento de los hechos en el Tedax de Cantabria, como ya denunciamos públicamente, sufrió un auténtico calvario por denunciar las deficiencias que sufre la especialidad.
Una de las situaciones que ha tenido que soportar fue la sanción de 7 días de haberes por, según la Guardia Civil, faltar a la verdad en una comunicación de riesgos laborales, que no gustó a superiores al dejar en evidencia la nefasta gestión de los medios.
Ahora, el Tribunal Militar Central, en sentencia de 11 de noviembre, anula la sanción impuesta a nuestro compañero Ángel, al haberse vulnerado sus derechos fundamentales a la defensa y la asistencia equivalente a la de abogado.
Y es que, en este asunto, a la Guardia Civil no le interesaba conocer la verdad. El expediente se abrió como castigo a nuestro representante, por comunicar unas deficiencias al servicio de prevención, y la decisión de sancionar estaba tomada.
Por ello, se le impidió ejercer sus derechos para defenderse, aplicando argumentos retrógrados y ya superados y descartados en diversas sentencias, de años anteriores, dictadas por la sala de lo militar del Tribunal Supremo y que, no nos cabe la menor duda, de que, tanto el instructor , como la asesoría jurídica, conocían pero que no quisieron aplicar, para poder sancionar a nuestro representante.
En esta ocasión, el Tribunal Militar, le da un tirón de orejas, tanto al instructor, como a la actual Directora General de la Guardia Civil, María Gamez, que fue quien desestimó el recurso presentado por el compañero, y es que, en este asunto, nuestra Directora General fue partícipe de la injusta sanción impuesta.
Ahora nuestro compañero está pendiente de otro recurso presentado, ante el injustificado castigo que le supuso la pérdida de destino que tuvo su origen en un expediente administrativo para revisar sus aptitudes para la especialidad, a pesar de llevar más de 3 décadas ejerciendo profesionalmente sus funciones con buenos resultados y calificaciones en su informe de calificación personal.
Esperemos que, como en este caso, finalmente se haga justicia y se anule su cese en el destino.
