Los servicios jurídicos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en la Provincia de Alicante han logrado que se reconozca a un agente su derecho a percibir las retribuciones durante el tiempo que prestó servicio activo, poniendo fin a una situación de trámites y errores administrativos rocambolescos y más propios de una tragicomedia de la gran pantalla.
La odisea de Ángel, un guardia civil que prestó servicio hasta julio de 2019 en el Destacamento de la Agrupación de Tráfico de Torrevieja (Alicante) por fin ha finalizado y con un final feliz. El agente, afiliado a la Asociación Unificada de Guardias Civiles, quienes han prestado su asesoramiento jurídico y siendo representado por el letrado de la delegación, Alberto Manuel Mollá Díez, ha conseguido finalmente que un Juzgado le diera la razón.
Su historia, que presentaba rasgos propios del teatro del absurdo o el aire tragicómico de una película del maestro Berlanga, pero que para él tiene poco de comedia, arranca cuando en octubre de 2018, y tras someterse a dos operaciones de columna a causa de una enfermedad degenerativa, recibe un escrito en el que se le comunica su pase a situación de retiro a causa de la pérdida de actitudes psicofísicas. Tras el anuncio, a este trabajador únicamente le faltaba aguardar la publicación en el Boletín Oficial de Defensa la oficialidad de su nueva situación.
Sin embargo, y para su sorpresa, a finales de diciembre de 2019 recibió una nueva notificación en la cual se le informaba que debía reincorporarse al servicio, lo que cumpliendo lo ordenado inició desde principios de enero de ese mismo año, haciéndose cargo de tareas administrativas en el acuartelamiento de Torrevieja.
Allí desempeño su labor como estaba acostumbrado, de la manera más profesional e irreprochable, donde incluso durante ese tiempo llegó a consolidar un trienio más como trabajador de la Administración, hasta finales del mes de abril cuando de nuevo recibió comunicación de que pasaba a situación de retiro.
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Ángel aceptó con resignación y con la disciplina propia de su profesión estos bandazos inexplicables e inexplicados, y a partir del 12 de julio de 2019, tras la publicación en el Boletín Oficial su nueva situación, creía que ya solo le quedaba comenzar a percibir su pensión.
Pero pocos días más tarde, concretamente el 30 de julio, le comunican que debía hacer efectiva la restitución de las retribuciones percibidas durante sus últimos meses de trabajo, casi 19.000 euros, además su situación se agravó al no percibir el sueldo de ese último mes por ninguno de los dos pagadores, es decir, la Dirección General de la Guardia Civil ni por Clases Pasivas del Estado.
Ángel, desolado y sin ingresos, puesto que todavía no había comenzado a cobrar su prestación por retiro, acudió a los servicios jurídicos de la AUGC, con los que presentó el correspondiente recurso contra la Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio de Defensa, siendo inicialmente desestimado, lo cual motivó que optase por iniciar sus reclamaciones en instancias judiciales.
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Ahora por fin los Tribunales le han dado la razón, en una sentencia firme y en la que no cabe recurso ordinario alguno, del Juzgado Central Contencioso Administrativo número 11 de Madrid, donde el magistrado aprecia que en esas resoluciones administrativas aplicadas al agente se produjeron efectos altamente desfavorables al interesado y contrarios a los más elementales principios de justicia, ya que se pretendía que devolviese los salarios durante el periodo controvertido pese a que materialmente prestó sus servicios e incluso perfeccionó un trienio, por lo que declara su derecho a percibir las retribuciones durante el tiempo que prestó servicio activo (con devolución de las percepciones por pensión durante ese periodo en su caso, para evitar doble retribución) y que se le mantenga el trienio perfeccionado durante ese periodo, así como los efectos de su pase a retiro deben computarse a partir del día 12 de julio de 2019, condenando además a la Administración a las costas procesales.
Desde la Junta Directiva Provincial de AUGC Alicante, queremos felicitar a nuestros servicios jurídicos y a nuestro afiliado por este nuevo logro, con el que se pone fin a esa incertidumbre que ha estado padeciendo durante todo este tiempo y que muy a su pesar le hizo convertirse en protagonista de un disparatado enredo burocrático en la España del siglo XXI trasladada a un esperpento valleinclanesco.
Al mismo tiempo lamentamos las “demasiadas” resoluciones erróneas que se dictan continuamente desde la Administración y que nos obliga finalmente a defender nuestros derechos en sedes judiciales, con la pérdida de tiempo y dinero que ello conlleva. Tiempo y dinero que, en definitiva, va en detrimento de una mejor atención a los ciudadanos.