Resulta contradictorio, pero no es nueva esta situación. La Guardia Civil continua sin desarrollar vasos comunicantes entre la institución y el resto de las áreas de Gobierno, o incluso con la sociedad.
En la Guardia Civil se ha establecido, desde su creación, una especie de autarquía por el que ningún poder del Estado se atreve a modificar su statu quo. Y claro, las consecuencias las pagan los hombres y mujeres que conforman este cuerpo de seguridad, de manera proporcional cuanto más baja es la escala a la que se pertenece.
No puede explicarse de otro modo, que está cultura organizativa endogámica que domina sin ningún tipo de contrapeso, sea la que independientemente del gobierno salido de las urnas, haga avanzar a la Guardia Civil actual hacia una Guardia Civil compartida donde exista diálogo, consenso y las decisiones que afectan a las cuestiones sociales, económicas o profesionales del conjunto de los guardias civiles sean tomadas de manera justa y equitativa, en lugar de pasar permanentemente el rodillo una y otra vez.
Hoy mismo, el Gobierno de España, a través de su presidente, y para una mejor administración y negociación con Europa sobre los fondos de ayuda ha decidido convocar a los agentes sociales en la Moncloa y constituir una Mesa de Diálogo Social para la Recuperación, la Transformación y la Resilencia.
No, no existe paz social interna en la Guardia Civil. No hay un contrato social que permita mantener una relación completa entre los derechos y deberes de los guardias civiles como ciudadanos de uniforme.
Pero este mismo Gobierno, como los anteriores, se olvida de los guardias civiles y sus necesidades. Nadie parece autorizado en el Ministerio del Interior, empezando por la propia directora de la Guardia Civil, a establecer un paralelismo entre las políticas del Gobierno y las que afectan a los miembros del Cuerpo. El cortafuegos está perfectamente diseñado para invalidar cualquier posible simbiosis entre cualquier Mesa de Dialogo con agentes sociales y la situación entre la Dirección General de la Guardia Civil y las asociaciones profesionales.
Como decía anteriormente, las consecuencias las pagan los guardias civiles, que ven como el reparto del tercer tramo de la equiparación salarial siguió unas pautas muy diferentes en la Guardia Civil (benefició a los altos mandos) a la que se realizó en la Policía Nacional (se adjudicó de manera lineal por escalas); ahora le toca el turno al reparto de la Productividad, y los guardias civiles verán como esos 50 euros que perciben cada mes se esfumarán (600 euros al año), para seguir dando cancha a una norma que nadie comprende pero que todos los guardias civiles entienden, y es que entienden que volverán a salir perjudicados y sin una norma de Productividad que reconozca su esfuerzo y trabajo diario. Sobre la jornada laboral, inmovilismo y olvido con un agravio sin reciprocidad en el resto de cuerpos policiales que operan en España.
No, no existe paz social interna en la Guardia Civil. No hay un contrato social que permita mantener una relación completa entre los derechos y deberes de los guardias civiles como ciudadanos de uniforme.
Y de nuevo vemos una Mesa de Dialogo Social en España, pero no en la Guardia Civil donde internamente reina la imposición y la desigualdad. Por este motivo, AUGC ha convocado una concentración para este jueves, 19 de noviembre, a las 11:00 horas frente a la sede de la DGGC, en la calle Guzmán El Bueno.
