Esta vez es el Ministerio de Interior, a través de su Secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez, el que pretende entregar la seguridad de los puertos y aeropuertos a las policías autonómicas, acelerando todos los trámites para dejarlo cerrado antes de que se acabe la legislatura, teniendo como efecto inmediato el destierro de más de 6.000 guardias civiles y sus familias de sus localidades. Y todos estos movimientos se están llevando a cabo ocultos a la opinión pública y a los ciudadanos, con toda la premura posible, antes de que finalice la legislatura y sin dar explicaciones a la opinión pública sobre los motivos que les llevan para desmantelar y hacer desaparecer, poco a poco, a la Guardia Civil de toda España.
Un informe jurídico de la Dirección General de Coordinación y Estudios, saltándose la Constitución y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos del Estado, argumenta, bajo interpretaciones hechas a medida por los miembros de esa Dirección, que debe hacerse entrega de las competencias que ostenta la Guardia Civil, en todos los puertos de interés nacional y autonómico, a la Policía Nacional, que actualmente solo realiza el control de la documentación, al ser la competencia reconocida en la mencionada Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y reconoce que, esta decisión supone, como efecto colateral, la entrega de la seguridad integral de los puertos a las Policías autonómicas en sus respectivos territorios.
El brazo ejecutor de este nuevo desplante a la Guardia Civil es el Secretario de Estado de Seguridad Rafael Pérez, de la mano, otra vez, del famoso comisario José Antonio Rodríguez, conocido como “Lenin”, al cual el Ministerio del Interior premió por su afinidad y convirtió en un puesto político un cargo de perfil estrictamente técnico, para posibilitar su continuidad tras jubilarse como policía.
El ministro del interior, Grande Marlaska, le convirtió en número tres del Ministerio, otorgándole atribuciones que dependían de la propia Secretaría de Estado de Seguridad, creando para ello un puesto a medida de José Antonio Rodríguez y sus afines, a los y las cuales después colocó al mando de una Comandancia y diversas Comisarias y puestos de mando.
No es la primera vez que el comisario José Antonio Rodríguez, alias “Lenin”, actúa contra la Guardia Civil, en beneficio de la Policía Nacional o Autonómica, como ya sucedió con la problemática del transporte de presos y penados, en las cuales AUGC tuvo que acudir al Defensor del Pueblo y a la Unión Europea.
Fuentes del Ministerio, cercanas a AUGC, reconocen que la Secretaría de Estado está accediendo a las presiones de la Policía Nacional y autonómicas, para expulsar a los agentes de la Benemérita de los puertos y aeropuertos españoles, donde en la actualidad hay más de 6000 profesionales destinados, negándoles su papel histórico en el control de las fronteras y abriendo un futuro profesional y familiar incierto para estos agentes y para la propia Guardia Civil con su especialidad de Fiscal y de Fronteras.
Estas disputas, por ver quién es el responsable de la seguridad de puertos y aeropuertos en España, no son algo nuevo, ya que una y otra vez se ha intentado desplazar a la Benemérita de una competencia exclusiva, con continuos ataques desde los partidos nacionalistas catalanes y vascos, queriendo usarnos como moneda de cambio de este gobierno, aunque es ahora cuando en la Secretaría de Estado se atreve a negar expresamente el papel de la Guardia Civil en los controles fronterizos, dejando indefensos a los miles de guardias civiles frente a las aspiraciones políticas, barriendo del mapa a la Guardia Civil de Cataluña, País Vasco y Navarra, así como de toda España, en un nuevo movimiento de este Gobierno para hacer desaparecer a la Guardia Civil poco a poco, sin que el ciudadano se de cuenta y por la puerta de atrás.
¿Y cuál es la forma de hacerlo para ocultarlo y desmantelar la Guardia Civil sin que nadie se de cuenta? Pues usando para ello los Planes de Seguridad, los cuales requieren únicamente del trámite de la firma del Secretario de Estado de Seguridad para echar a la Guardia Civil. De esta manera se hace entrega de todas las competencias de seguridad en puertos a Ertzaintzas, Mossos d’Esquadra y Policía Nacional, tanto en zona pública como en zona restringida, incumpliendo la Ley al quitar a la Guardia Civil la vigilancia de fronteras, puertos y aeropuertos, y relegándola únicamente a una presencia testimonial como resguardo fiscal.
Y sí, el Secretario de Estado ha firmado ya la primera sentencia de muerte de la Guardia Civil, entregando la seguridad y custodia del puerto y de la frontera marítima a la Ertzaintza en el puerto de Gipúzkoa, accediendo así a las pretensiones de PNV y Bildu para terminar de sacar a la Guardia Civil del País Vasco y quedarse con todas las competencias de seguridad.
Este mecanismo se replicará en toda España, en puertos y aeropuertos, en los meses que quedan, y de espaldas a todos los partidos políticos y a la sociedad española.
Esta actitud del Presidente del Gobierno y del Ministro de Interior para favorecer a la Policía Nacional y autonómicas, mejor posicionada en los ambientes políticos que el instituto armado, como puede verse con el comisario José Antonio Rodríguez, alias “Lenin”, y sus afines, tendrá repercusiones negativas, no sólo operativas o familiares entre los agentes, hombres y mujeres, y sus familias, sino que supone un paso más en la salida definitiva del Estado en Cataluña y País Vasco ahora también en el control de las fronteras como reconoce el Director del Gabinete de Coordinación en su reciente informe.
Y todo ello bajo la vigilancia activa de la agencia Frontex y de la propia Comisión Europea, que ya piden explicaciones por escrito al Ministerio del Interior de quién es el competente en las fronteras exteriores de la Unión. Para mayor gravedad, todo esto sucede, en plena presidencia europea por parte de España.
AUGC planteará todas las batallas jurídicas posibles frente a este ataque directo a los guardias civiles y sus familias. Saldremos a la calle, y propondremos llevar a cabo todas las medidas necesarias que estén en nuestras manos para defender a nuestros compañeros y compañeras.
