El encargado de determinar si una profesión se considera de riesgo, es el Ministerio de Trabajo, el cual reconoce que los artistas, profesionales taurinos, trabajadores ferroviarios, personal de vuelo de trabajos aéreos, bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, miembros del cuerpo de la Ertzaintza y policías locales son profesiones que entran dentro de este grupo, a la vez que determinan que los guardias civiles y los policías nacionales no entran dentro de este grupo denominado ‘de riesgo’.
Según recoge el BOE, la prestación ordinaria por jubilación en España se puede solicitar a partir de los 65 años y 37 años y 9 meses cotizados o a los 66 años y 15 años cotizados, aunque la edad puede reducirse con excepción de una jubilación anticipada, parcial o de personas con discapacidad. Además, los empleados que trabajan en un sector reconocido de forma profesional como peligroso pueden tener más facilidades a la hora de solicitar su jubilación. Esto quiere decir, que los trabajadores anteriormente mencionados se podrían jubilar a la edad de 59 años cobrando el 100% de la prestación por jubilación.
Ejemplo de ello son los datos publicados por el mismo Ministerio del Interior, datos reflejados en informes trimestrales que indican un aumento visible de las agresiones a policías y guardias civiles. El último informe fue publicado con retraso por el Ministerio del Interior días después de las elecciones autonómicas del 28 de mayo de este año.
De hecho, son muchos los casos mediáticos de agresiones recientemente conocidos como el del guardia civil atropellado en Alicante o la brutal agresión a nuestro compañero en Cangas de Onís por parte de un individuo muy agresivo.
Esto demuestra una vez más que los guardias civiles arriesgan sus vidas a diario por lo que están expuestos a situaciones de riesgo constantemente. Posición más que justificada para ser reconocidos y valorados por ello.
Es por ello que reclamamos que por parte de la Administración los guardias civiles sean considerados grupo de riesgo y así poder aplicar índices correctores que aseguren una jubilación digna. Esta situación evidencia, una vez más, el agravio que no tiene parangón en la seguridad pública de España.
