No fue un camino fácil, todo lo contrario. Unos pocos guardias civiles valientes, entre los que se encontraba el sargento José Morata Gargallo, uno de los tres socios fundadores de AUGC tal y como aparece recogido en el artículo 14 de los estatutos sociales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, desde la llegada de la democracia a nuestro país con la aprobación de la Constitución española y hasta la década de los noventa lucharon con firmeza y perseverancia para que los guardias civiles ejercieran el derecho de sindicación, o al menos el de representación.
Por ello sufrieron terribles consecuencias, persecuciones, pinchazos telefónicos, arrestos, encarcelamientos en prisiones militares, y hasta la expulsión del Cuerpo con la única finalidad de echar abajo el movimiento sindical clandestino en la Guardia Civil. Hasta que finalmente, en el año 1994 la Audiencia Nacional vino a reconocer la legitimidad de sus pretensiones y la necesidad de que los guardias civiles se organizaran para la defensa de sus intereses y mejora de sus condiciones profesionales, sociales y económicas, llegando a afirmar los más altos estamentos de nuestro ordenamiento jurídico que no solo eran lícitos los fines perseguidos por Coproper-6J -precursora de AUGC- sino que eran “altamente saludables” para servir con objetividad los intereses generales de la Administración.
Ahora, aunque con retraso, el Pleno del Consejo de la Guardia Civil ha venido a reconocer el sacrificio que José Morata, Manuel Rosa, José Piñeiro y el guardia civil ya fallecido, Manuel Linde, realizaron para que hoy sea una realidad el derecho de representación, a través de las aprobación de las asociaciones profesionales, que han servido para mejorar y modernizar las condiciones laborales de los miembros de la institución.
Para AUGC este no es final del camino, sino un hito más hasta lograr el pleno reconocimiento institucional y profesional para estos servidores públicos que con sus valores democráticos abrieron el camino para lograr una Guardia Civil más operativa, transparente y moderna.
- A continuación, reproducimos el texto íntegro aprobado en el segundo Pleno del Consejo del presente año.
Acuerdo del Pleno del Consejo de la Guardia Civil sobre los miembros de este Cuerpo que iniciaron el camino para el reconocimiento del derecho de asociación con fines profesionales en el mismo. Con la aprobación de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, se permitió el ejercicio del derecho de asociación con fines profesionales. Un derecho que se ejerce hoy con normalidad, favoreciendo la mejora de las condiciones profesionales, económicas y sociales de los guardias civiles.
Con aquella regulación del asociacionismo profesional se abrieron nuevos cauces de participación y expresión de los miembros de la Guardia Civil. Cauces que hoy se encuentran consolidados, y que en el Consejo de la Guardia Civil encuentran el ámbito más destacado para la actividad de las asociaciones profesionales, en su interlocución con la Administración.
El Consejo de la Guardia Civil, como órgano colegiado que representa de forma unitaria a todos los miembros de la Institución, es el foro en el que se visibiliza con más nitidez el largo camino iniciado por algunos miembros del Cuerpo hace ya algunas décadas.
Con este Acuerdo se pretende cerrar una página que debería haberse rubricado en 2007, tras ser admitido el ejercicio de ese derecho fundamental. Y con ello tener una mención para los guardias civiles que, desde finales de los años 70 y hasta principios de los 90, propiciaron que hoy el ejercicio de este derecho sea una evidente mejoría para el funcionamiento de la Institución.
José Morata Gargallo, Manuel Rosa Recuerda, José Piñero González y Manuel Linde Falero, recientemente fallecido, compartían con otros guardias civiles esa idea, en aquel entonces inviable. Ellos, y otros como ellos, se enfrentaron a un marco jurídico que impedía el ejercicio de ese asociacionismo, en el seno de la Guardia Civil, del que hoy disfrutan los hombres y mujeres de esta Institución.
Con este Acuerdo no se pretende revisar lo sucedido, ni cuestionar el tratamiento que en aquellos momentos recibieron los hechos que protagonizaron. A lo que aspira este Acuerdo es a poner de manifiesto el coste personal y profesional que asumieron aquellos guardias civiles con su anhelo por un derecho, hoy reconocido, han propiciado avances en nuestra sociedad. Es de justicia reconocer a todos aquellos que con su esfuerzo ayudaron a mejorar la realidad social y profesional de los hombres y mujeres que forman la Guardia Civil y que dan lo mejor de ellos por su país.
Adjunto texto integro Acuerdo Pleno Consejo GC guardias civiles expulsados
