La mañana del 31 de enero se celebró reunión del grupo de trabajo en el que tras la derogación de la Orden General 4/2021 por los Tribunales de Justicia, la Administración pretende (en palabras textuales escuchadas en dicha reunión) “seguir con la misma cultura de incentivos al rendimiento”, a través de una orden ministerial que se configura como “Reglamento”, pero que deja todo en las manos de una orden general, controlada por la cúpula de la Dirección General, que continúa olvidando a los miles de guardias civiles que prestan servicio en el régimen general: en su gran mayoría, el personal de los puestos de seguridad ciudadana, así como de los destacamentos de Tráfico.
Y todo ello, adornado con un nuevo desprecio al trabajo de los legítimos representantes de los guardias civiles: nos sentamos en la reunión del grupo de trabajo, recibiendo al inicio de la misma el borrador de texto normativo “en papel”, sin haber podido estudiar nada del mismo con anterioridad.
Sin ningún tipo de pudor, se expone por parte de la Administración las modificaciones del texto de esta nueva orden general con respecto al de la derogada 4/2021, y observamos con estupor como una vez más se “solventan” cuestiones “importantes” para la Dirección General, como fijar cantidades de productividad para los letrados habilitados de la Administración de Justicia, o para determinados “puestos de trabajo” creados en la Dirección. Igualmente, se destina cantidad económica para el personal que renuncie a disfrutar vacaciones en el periodo de turnos de verano… pero no se destina ni un euro a una de las reivindicaciones prioritarias para AUGC, que es aumentar las cantidades que se perciben por ICRES (por los servicios realizados en horario nocturno, festivo, o fechas de especial significación), o ICREM (por cambios de servicio motivados por necesidades del servicio).
Sí que resulta positivo que en el tiempo de permanencia en cursos de más de 3 meses, se pase a percibir el 50% de la productividad del puesto de trabajo (frente al actual 35%)... si bien, no se debe olvidar que esta modificación a quien más va a beneficiar es al personal que percibe productividades más altas… Poco más hay que añadir al respecto, ya que una vez más, queda claro la predisposición de la Dirección General a solventar con celeridad los problemas de algunos, frente al ya destacado continuo y persistente olvido del personal que sustenta el servicio que la Guardia Civil presta a los ciudadanos.
Y en lo que resulta más sorprendente, en la explicación de la Dirección del cambio del alcance en la percepción de productividad estructural (eliminando todas las productividades variables, pasando todas a fijas), se pretende vender como “avance” el aumento de la productividad del personal del régimen general unos 10 euros mensuales (pasando de los actuales 87,17€ a 97€)… cuando se expone por otro lado que productividades de otros puestos de trabajo (que en ningún caso prestan servicios operativos) aumentan más de 70 euros al mes. Pero además, para mayor castigo al personal del régimen general, y a los representantes de los guardias civiles, la Dirección General se niega a solucionar el enésimo agravio, negándose a garantizar las retribuciones de dicho personal, que ven cómo su trabajo por los derechos de los guardias civiles les supone desde hace años una pérdida de retribuciones que no padecen los representantes encuadrados en otros regímenes de prestación del servicio.
Para remate, se exponen las cifras de gasto de productividad de 2023, y una estimación de previsión de gasto de 2024. En esta previsión, se incluye el previsto aumento del 2%, con lo cual, resulta aún más chocante que como decíamos anteriormente, no se plantee incrementar la retribución de los conceptos que retribuyen los servicios nocturnos, festivos, etc.
Mención también, que este proyecto de orden general, al tener que sustituir a la derogada orden general de 2021, vuelve nuevamente a introducir modificaciones en las órdenes generales de jornada y de vacaciones… pese a que la Dirección General es perfectamente conocedora del informe de su propia Asesoría Jurídica, que le recuerda que dichas materias se deben desarrollar reglamentariamente, mediante un Real Decreto que regule esas cuestiones.
Pese a no haber podido estudiar el texto con antelación, desde AUGC expusimos en el grupo de trabajo nuestro malestar por todas estas circunstancias, que demuestran una vez más que cada vez que desde la Dirección General se realizan modificaciones en normativa relativa a retribuciones, se mira “con cariño” únicamente a cierto personal, dejando verdaderas “migajas” al personal del régimen general, que como decimos, es el que sustenta el trabajo operativo que se presta al ciudadano para garantizar su seguridad, misión principal de la Guardia Civil.
Por último, se expuso el calendario previsto de trabajo previo a la tramitación de la norma en el pleno del Consejo del 13 de junio, tras su pase por la comisión de normativa del 28 de mayo.
