Uno de los Generales Jefes de Canarias interpuso una falta grave por considerar que un compañero había cometido una infracción del artículo 8.1 del Régimen Disciplinario. En concreto, alegaron “la observancia de conductas gravemente contrarias a la dignidad de la Guardia Civil” y procedieron a sancionarlo con la pérdida de cinco días de haberes y de funciones. La actuación de los mandos resultó ratificada mediante resolución por la Dirección General de la Guardia Civil, pero la defensa de los servicios jurídicos de la Delegación de Las Palmas de la Asociación Unificada de Guardias Civiles posibilitó que el Tribunal Militar Central anulase dicha sanción.
Los hechos se remontan a mayo de 2021, cuando el Ministerio de Sanidad acordó que los menores de sesenta años que habían recibido la primera dosis de AstraZeneca tenían que vacunarse con Pfizer en la segunda. Quienes no quisieran completar la pauta de vacunación tenían que firmar un consentimiento informado de manifestación expresa y escrita para rechazar una segunda dosis diferente a la primera.
El citado consentimiento fue el origen del expediente disciplinario. Los Jefes del Guardia Civil lo acusaron de haberle añadido el siguiente texto: “El firmante, al carecer de conocimientos médicos y no ser informado por autoridades sanitarias sobre los riesgos de inoculación de la segunda dosis de Astrazeneca, hace responsable al Ministerio de Sanidad y por delegación de competencias, al Servicio Canario de la Salud del Gobierno Autónomo de Canarias, de los posibles riesgos y efectos adversos de dicha dosis. Igualmente, hace constar que la inoculación de esta dosis está fuera de los plazos marcados por la OMS y por la propia farmacéutica fabricante".
Varios altos mandos, manteniendo que había sido él el autor de estas líneas, “lo invitaron a reconocer los hechos antes de la apertura del expediente disciplinario”, según recogen los documentos judiciales. La actuación infringe los derechos y garantías constitucionales del agente, recogidos en el artículo 24 de la Constitución, por lo que el Tribunal Militar Central ha dejado sin efecto la falta grave y sus consecuencias aparejadas.
Por último, agradecemos el trabajo de la abogada de la Delegación de AUGC Las Palmas, Doña Ana Tacoronte, y la confianza del compañero. La profesionalidad de los servicios jurídicos de AUGC se traduce en las sentencias de los Tribunales y es algo de gran importancia que siempre está a disposición de los afiliados. Todavía son demasiadas las situaciones en las que los Altos Mandos de la Guardia Civil quebrantan los derechos fundamentales, por lo que resulta fundamental estar bien protegidos y defendidos.
