La Comisión Europea, dentro de su Unidad de Derecho Laboral, dispone de la denuncia interpuesta por la Asociación Unificada de Guardias Civiles. El Organismo europeo también es conocedor de que la Orden General impulsada por María Gámez no cumple, ni de lejos, con los requerimientos comunitarios. Por eso dio inicio al proceso de estudio de la denuncia: Sobre España planeaban posibles sanciones económicas, dado el incumplimiento de los derechos de los trabajadores.
El nulo reconocimiento de nuestra legitimidad a percibir el abono por las vacaciones no disfrutadas tras finalizar la relación laboral podría ser objeto de la oportuna rendición de cuentas. O bien sobre los ciudadanos españoles o bien sobre la Directora General. El Código de Conducta que ella misma impulsó indica que la responsabilidad personal y directa de las omisiones debe ser asumida. Pero el anuncio de rectificación de la Dirección General de la Guardia Civil se produjo ayer. Antes de que todo llegara a mayores.
En un escrito dirigido al Equipo jurídico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, el Mando del Personal comunicaba que abonarían, en el plazo aproximado de un mes, las cantidades correspondientes a los afectados que hayan terminado su relación laboral sin compensación económica alguna en caso de no haber disfrutado los días de vacaciones. Para ello, procederán a la modificación de las resoluciones denegatorias anteriores a 2021 y los agravados percibirán el importe correspondiente en la nómina de incidencias.
A fecha 25 de marzo de 2022, en el Mando de Personal constan 29 resoluciones notificadas que se subsanarán de oficio, aunque no hayan sido recurridas en la vía contencioso-administrativa. Según informan, disponen de otras 63 resoluciones pendientes para la intervención simplificada de la Intervención Delegada del MINT. Si bien son datos de carácter orientativo, la situación pudo haberse evitado.
AUGC avisó a María Gámez que la Orden General no cumplía los preceptos europeos, se le solicitó la apertura de un Grupo de Trabajo para modificar la norma y la respuesta fue una negativa. Sí se ha podido hacer de otra forma, la Directora disponía incluso de un expediente de la Comisión Europea que le informaba sobre cómo se tenía que regular; no ha habido intención de cumplir.
