Propuesta modificación Instrucción 5/2009 conducción y custodia internos

Art. 27 Carrera profesional

  • Todavia no ha sido respaldada

  • Inactiva

  • Solicito

    Plantear la siguiente PROPUESTA/SUGERENCIA, en virtud de lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley 29/2014 de Régimen de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil -LRPGC- y 1.2 del Reglamento de Organización y funcionamiento interno del Consejo de la Guardia Civil.
    Por considerar que la misma se encontraría comprendida en el Artículo que a continuación se señala, del Título V de la Ley Orgánica 11/2007 reguladora de los Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil”: Art.27 Carrera Profesional

  • Propuesta o sugerencia que se solicita

    Que por la Dirección General de la Guardia Civil se inste a la Secretaría de Estado de Seguridad a la modificación de la Instrucción 5/2009, modificada por la Instrucción 8/2009, sobre conducción y custodia de internos de centros penitenciarios, con el fin de actualizarla, y específicamente para retrotraer su apartado décimo al texto aprobado inicialmente con fecha 30/06/2009, al objeto de establecer que las custodias de internos de centros penitenciarios en centros hospitalarios o sanitarios “se realizarán normalmente por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil o Policía Autónoma dentro de su respectivo ámbito territorial”, de modo que se de exacto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respecto a la distribución territorial de competencias.

  • Expongo

    La conducción y custodia de internos de centros penitenciarios que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se está realizando con arreglo a lo dispuesto en la Instrucción 5/2009 de fecha 30/06/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que fue modificada por la Instrucción 8/2009 de fecha 04/09/2009. Esa modificación experimentada apenas dos meses después fue muy relevante y originó un problema que se ha ido agravando con el paso de los años, no solo para la operatividad y organización de la Guardia Civil, sino sobre todo para los derechos de los propios internos, que sufren la cancelación de sus consultas médicas programadas.

     

    Ello es así porque en la Instrucción 5/2009 aprobada y publicada inicialmente se establecía en su apartado décimo que las conducciones y custodias en hospitales “se realizarán normalmente por efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil o Policía Autónoma dentro de su respectivo ámbito territorial. Sin embargo, en la Instrucción 8/2009 se modificó dicho apartado décimo para alterar la aplicación del criterio de competencia territorial, exponiendo que “la custodia en los centros hospitalarios corresponderá: - En caso de ingreso hospitalario al Cuerpo policial competente territorialmente. - En caso de consulta ambulatoria al Cuerpo policial que realiza la conducción”.

     

    Dicha modificación introducida en el protocolo contraviene lo establecido en la normativa reguladora, especialmente un precepto tan relevante como la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la cual en su artículo 11 dispone que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de las siguientes funciones … Las funciones señaladas en el párrafo anterior serán ejercidas con arreglo a la siguiente distribución territorial de competencias: a) Corresponde al Cuerpo Nacional de Policía ejercitar dichas funciones en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine. b) La Guardia Civil las ejercerá en el resto del territorio nacional y su mar territorial”.

     

    Por otro lado, el artículo 12 de la citada Ley Orgánica 2/1986 establece, al margen de las funciones comunes detalladas en el artículo anterior, una distribución material de competencias, asignando entre otras a la Guardia Civil “la conducción interurbana de presos y detenidos”, pero no la custodia de los internos de centros penitenciarios en hospitales u otras dependencias que se encuentren ubicadas en el ámbito territorial cuya competencia corresponda a otros cuerpos policiales.

     

    A la vista de lo anterior, resulta evidente que la custodia de los internos de centros penitenciarios en hospitales o consultas médicas debe corresponder al cuerpo policial que tenga la competencia territorial, del mismo modo que se hace cuando los internos son trasladados a sedes judiciales o a eventos familiares o sociales (fallecimientos, nacimientos, etc.). Y, en aplicación del principio constitucional de jerarquía normativa, la instrucción dictada por un Secretario de Estado no puede contradecir ni vulnerar lo establecido en una norma de rango superior, como es la Ley Orgánica 2/1986.

     

    Es evidente que la custodia de internos penitenciarios en hospitales o instalaciones sanitarias conlleva velar por el cumplimiento de la Ley, auxiliar y proteger a las personas (ciudadanos y sanitarios), mantener y restablecer el orden y la seguridad ciudadana en caso de altercados o incidentes provocados por los internos o sus familiares que pueden encontrarse en el lugar, así como prevenir la comisión de actos delictivos por parte de los internos u otras personas, funciones todas ellas que el referido artículo 11 de la Ley Orgánica 2/1986 asigna al cuerpo policial que tenga la competencia territorial en el lugar donde se ubiquen las dependencias sanitarias.

     

    Por lo tanto, la aplicación del protocolo establecido en 2009 por el Secretario de Estado de Seguridad está originando que las unidades de la Guardia Civil dedicadas a las conducciones de internos de centros penitenciarios estén siendo desviadas de sus cometidos naturales y exclusivos, asignándoles funciones que no les corresponden como es la custodia de internos en demarcaciones territoriales competencia de la Policía Nacional.

     

    Debe tenerse en cuenta que, al carecer el sistema sanitario penitenciario de los recursos humanos y medios necesarios para la atención médica a los internos, son cada vez más numerosas las salidas a centros hospitalarios. De hecho, según los datos incluidos en los informes anuales del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (Defensor del Pueblo), entre 2016 y 2020 la Guardia Civil ha llevado a cabo 141.669 conducciones a dependencias sanitarias, habiendo trasladado por ese motivo a 239.218 internos de centros penitenciarios.

     

    Durante ese mismo periodo de tiempo, han sido canceladas 40.961 consultas o asistencias médicas en centros hospitalarios para internos de centros penitenciarios, de las cuales 12.267, un 30%, se han perdido por carecer de agentes suficientes, al tener que encargarse la Guardia Civil no solo de trasladarlos, sino también de custodiarlos en dependencias sanitarias, en lugar de hacerlo el cuerpo policial con competencia territorial. Ello es así porque mientras se encuentran custodiándolos durante horas, los efectivos de la Guardia Civil no pueden realizar los traslados de otros internos pendientes, con el riesgo añadido que conlleva no disponer de apoyos suficientes en las custodias al encontrarse fuera de su demarcación territorial.

     

    Dicha situación está conllevando la vulneración de los derechos de los internos de centros penitenciarios, porque la Constitución Española dispone en su artículo 25 que “el condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales”, y en su artículo 43 “se reconoce el derecho a la protección de la salud”; por otro lado, Ley Orgánica General Penitenciaria establece en su artículo 36.2 que “los internos podrán ser asistidos en las instituciones hospitalarias y asistenciales de carácter penitenciario y, en caso de necesidad o de urgencia, en otros centros hospitalarios”; y el Reglamento Penitenciario dispone en su artículo 208.1 que “a todos los internos sin excepción se les garantizará una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población”.

     

    Pero además, se está exponiendo a los componentes de la Guardia Civil a unos riesgos laborales que no deberían asumir, al obligarles a custodiar internos y garantizar la seguridad ciudadana en municipios y lugares donde carecen de competencia territorial y consecuentemente no disponen de los servicios de apoyo y refuerzo urgente en caso necesario, ante los altercados, agresiones o intentos de fuga que puedan llevar a cabo los internos, sus familiares u otras personas presentes en las dependencias sanitarias.

     

    De hecho, la propia Instrucción 8/2009 antes aludida expone que “la experiencia viene demostrando que estos traslados son momentos propicios para los intentos de fuga, ya que suelen ser programados con anticipación y, por tanto, son susceptibles de conocimiento por terceras personas (abogados, familiares, amigos, etc.), aprovechando las subidas o bajadas de los vehículos, su custodia en los mismos o los desplazamientos por los lugares de destino (hospitales, Juzgados...) al ser habitualmente zonas con público y en ocasiones muy transitadas, y donde, en el caso de los establecimientos sanitarios, suele haber objetos potencialmente peligrosos”.

     

    A todo lo anterior debe añadirse que la referida Instrucción 5/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad ha quedado ciertamente obsoleta en determinados aspectos, teniendo en cuenta el excesivo tiempo transcurrido desde su aprobación, por lo que es necesaria su actualización en lo que se refiere a documentación, distribución de competencias, solicitud del servicio, normas de actuación, prevención, y otras cuestiones.

     

    Sin embargo, mediante resolución de fecha 29/07/2020 dictada por el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad en el expediente de Transparencia número 001-044793, instado por un representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, se comunicó que “en el mes de septiembre de 2018 se creó un grupo de trabajo para la revisión de los protocolos de traslados de internos, recogidos en las Instrucciones 5/2009 sobre Conducción y Custodia de Internos en Centros Penitenciarios y 8/2009 modificando la anterior. En este sentido, los trabajos preparatorios iniciados en su día, y que finalizarán con las directrices definitivas a incluir en la nueva instrucción aún no han concluido, por lo tanto, una vez retomada la actividad se seguirá avanzando en esa línea”. Y posteriormente, mediante resolución de fecha 23/07/2021 emitida por el mismo órgano administrativo en el expediente de Transparencia número 001-005507, se informó que “de las conclusiones finales del grupo de trabajo que se creó para la valoración de los protocolos de traslados de internos, recogidos en las Instrucciones 5/2009 y 8/2009 de esta Secretaría de Estado de Seguridad, no se apreciaron circunstancias que aconsejen, en este momento y atendiendo a criterios de oportunidad y necesidad, la modificación de las instrucciones reseñadas”.

     

    Contrasta dicha decisión de mantener desactualizado ese protocolo para la conducción y custodia de internos de centros penitenciarios con los esfuerzos de la misma Secretaría de Estado de Seguridad para mantener actualizadas otras funciones adyacentes de los cuerpos policiales, como ocurre por ejemplo con el ‘Protocolo de actuación en las áreas de custodia de detenidos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado’, que fue establecido mediante la Instrucción 12/2015, y tan solo tres años después fue actualizado mediante la Instrucción 4/2018, al objeto de clarificar cuestiones que precisaban mayor concreción en dicha materia.

Nota informativa

En esta sección publicamos periódicamente las Propuestas y Sugerencias al Consejo de la Guardia Civil en aplicación del Art. 14 de la Ley 29/2014 que creemos que son de interés si no para todo el colectivo, sí para una parte importante de él.

Las propuestas pueden enviarse directamente a dicho órgano a través de correo electrónico. Lo que hacemos aquí es presentarte un modelo confeccionado y ajustado a la normativa y facilitar su presentación en tu nombre con un simple click.

Selecciona una o varias propuestas de las que se encuentran activas y podrás leer su contenido. Si estás conforme en el siguiente paso podrás presentarla directamente y AUGC enviará por tí la propuesta al Consejo de la Guardia Civil. En tu correo electrónico recibirás una copia de la misma a modo de justificante del envío. Recuerda tener correctamente actualizados tus datos para evitar rechazos por algún error en ellos.

Gracias por tu colaboración