AUGC insiste en que la revisión del modelo policial es la gran asignatura pendiente de la democracia española

AUGC lleva años denunciando esta falta de comunicación y coordinación no sólo entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, sino con las policías autonómicas y locales.

por Ildefonso Garcia Ruiz

Un guardia civil y un mosso d'Esquadra.
Un guardia civil y un mosso d'Esquadra.

Varios medios de comunicación publican hoy informaciones en las que se revela la falta de colaboración entre los Mossos d’Esquadra y otros cuerpos policiales en los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cataluña. Para AUGC, esta situación pone una vez más en evidencia el grave problema que existe en España en relación al modelo policial actual, que propicia una descoordinación entre cuerpos que pone en grave riesgo la seguridad pública en nuestro país.

AUGC lleva años denunciando esta falta de comunicación y coordinación no sólo entre la Guardia Civil y la Policía Nacional, sino con las policías autonómicas y locales. La duplicidad de funciones, el recelo por las competencias de cada policía y el afán de colgarse medallas por el trabajo de cada cuerpo son consecuencias de este modelo disperso, dirigido más a satisfacer a altos mandos y sensibilidades políticas de toda índole que a procurar una seguridad pública efectiva a los ciudadanos.

Por todo ello consideramos que la revisión del modelo policial español es la gran asignatura pendiente que tiene la democracia española. Urge, de entrada, mejorar la coordinación entre los distintos cuerpos policiales para que no se repitan episodios como el Cataluña u otros que se produjeron en la lucha contra ETA, cuando se desarrollaron operaciones paralelas y discusiones para ver quién actuaba primero. 

A todo esto cabe añadir el despilfarro presupuestario que supone la citada duplicidad de funciones, un coste que corre a cargo del ciudadano que además debe sufrir una merma en su seguridad causa de este erróneo modelo policial.

Desde AUGC instamos, por lo tanto, a una reflexión profunda conjunta entre políticos y representantes de los trabajadores de la seguridad pública para abordar con rigor y firmeza esta cuestión, en la que el único interés que debe primar es el de garantizar a los ciudadanos la calidad de un servicio fundamental en una democracia, dejando por tanto a un lado los intereses partidistas de cada uno.

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