La Secretaría de Estado, bajo las órdenes del ministro Grande-Marlaska, planea emitir una instrucción de traslados y custodias de presos que conllevaría la movilización de agentes destinados a cometidos de seguridad ciudadana en zonas rurales para poder cubrir servicios en las capitales de provincia. AUGC considera que la aplicación de esta instrucción supondría un riesgo para los guardias civiles, los ciudadanos y los profesionales sanitarios, además de incumplir la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles solicita al Ministerio de Interior, una vez más, una reunión con carácter urgente tras conocer que la Secretaria de Estado de Seguridad se encuentra elaborando una nueva circular que será de aplicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y conllevará, en el caso de la Guardia Civil, el desplazamiento de agentes desde zonas rurales hasta los hospitales situados en las capitales de provincia o ciudades en las cuales carece de competencias en seguridad ciudadana, con el fin de custodiar a los presos que son atendidos en los servicios de urgencias.
Desde AUGC entendemos que este proyecto debe considerar las carencias de seguridad de las zonas rurales, con lo que ello implica para el ciudadano, y también la falta de eficiencia de la Administración ante esta descoordinación, así como el riesgo que asumen los guardias civiles, los profesionales sanitarios y los usuarios de los hospitales al prestar estos servicios sin garantías de seguridad ni personal suficiente. También los propios internos verán dañado su derecho a la atención sanitaria con motivo de esta nueva instrucción, al destinar agentes dedicados a la conducción interurbana a servicios propios de custodia y seguridad.
No encontramos explicación al hecho de que el propio Ministerio de Interior incumpla la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al apartar a los guardias civiles de sus funciones propias y exclusivas –el traslado interurbano de presos– y asignarles la custodia de urgencias hospitalarias, e implícitamente la propia seguridad de los ciudadanos en el interior de los mismos, en las capitales de provincia, donde las competencias de seguridad ciudadana son ejercidas por la Policía Nacional en exclusiva, lo que puede llevar incluso a incidencias entre cuerpos por falta de coordinación.
La instrucción, que se encuentra en fase de estudio y aún no ha sido publicada, ha cogido totalmente por sorpresa a AUGC, más aún cuando la propia secretaria de Estado, Ana Botella, y el mismo director general de la Guardia Civil, Feliz Azón, han informado de que la tan necesaria reorganización de unidades de la Guardia Civil está paralizada hasta después de las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Evidentemente defendemos la actualización de normas obsoletas –la actual tiene más de 11 años– para evitar futuras fugas e incidencias en las conducciones de presos, ya que es un problema que no se ha afrontado hasta la actualidad, pero le recordamos al ministro que ya en el año 2009 AUGC denunciaba en León la falta de personal y el uso de patrullas de seguridad ciudadana para estos servicios, situación que se agravará con la publicación de esta norma.
No podemos entender tampoco cómo el Ministerio de Interior se plantea el agrupamiento y la reorganización de efectivos y unidades, los cuales garantizarían la seguridad de zonas rurales y ofrecerían un mejor servicio al ciudadano, para a continuación detraer estos efectivos para realizar servicios en las capitales de provincia, donde ya existe una Policía Nacional dotada de plantilla suficiente –ha aumentado en los últimos años mientras que la de la Guardia Civil disminuía– como para ejercer la custodia de los internos y garantizar la seguridad ciudadana en los hospitales.
Los guardias civiles que prestan estos servicios realizan jornadas maratonianas, conduciendo cientos de kilómetros al día, a veces con itinerarios absurdos por culpa de esta falta de coordinación, y sin poder ejercer su derecho efectivo al descanso diario. Sus jornadas de trabajo se alargan por la omisión, premeditada o no, de la Policía Nacional de ejercer la custodia de presos en las capitales de provincia y núcleos urbanos que por competencia le corresponde y todo esto provoca que no esté garantizada la seguridad del personal sanitario y de los propios usuarios de los servicios de urgencias, compartidos muchas veces con presos extremadamente peligrosos, con riesgo de fuga, agresión e incluso toma de rehenes.
Para AUGC es el momento de establecer un mecanismo efectivo de coordinación para el traspaso de la responsabilidad en la custodia en capitales de provincia entre la Guardia Civil y la Policía Nacional y evitar la publicación de una instrucción polémica como la referida a la Ley de Seguridad Ciudadana, que a todas luces se opone a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y originará, como ya hemos indicado, situaciones de peligro e inseguridad para la ciudadanía y los guardias civiles.
AUGC ya había solicitado con anterioridad a la secretaria de Estado y al director del Gabinete de Coordinación y Estudios –nombrado por Marlaska–, el comisario José Antonio Rodríguez González, una reunión que nos permita exponer nuestra posición, pero no hemos obtenido ninguna respuesta hasta el momento.
