AUGC urge al Gobierno a reparar la expulsión de los 'históricos' de la lucha por los derechos de los guardias civiles

Tras la reunión mantenida el pasado mes de enero por el sargento José Morata y otros compañeros con la ministra de Defensa, es ahora Interior quien debe tramitar con celeridad la reparación de su condición profesional antes de que concluya la presente legislatura.

por Ildefonso Garcia Ruiz

De izquierda a derecha: José Morata, Margarita Robles, Cabo Rosas y José Piñeiro.
De izquierda a derecha: José Morata, Margarita Robles, Cabo Rosas y José Piñeiro.

Pese a que la reciente convocatoria de elecciones generales ha precipitado el final de la legislatura, y con ello dejará pendientes muchos asuntos que el Gobierno tenía contemplados a corto y medio plazo, desde AUGC no queremos dejar pasar la ocasión de insistir en la necesidad de reparación de una injusticia que ya se arrastra desde hace décadas: la expulsión de la Guardia Civil de los compañeros que en los años ochenta y noventa sufrieron durísimas represalias por su lucha en favor de los derechos de los guardias civiles.

Como es sabido, AUGC lleva años reclamando la reparación del honor y su condición profesional de los compañeros que con tanto sacrificio y riesgo abrieron camino en la reclamación del derecho a la plena ciudadanía de los miembros de la Guardia Civil y singularmente el reconocimiento del derecho fundamental de representación colectiva.

Sin embargo, y pese a que en el pasado se consiguieron apoyos incluso de ámbito parlamentario, a día de hoy se continúa manteniendo, incomprensiblemente en el ámbito de un Estado de derecho, esta injusta situación

Sobre esta cuestión, el pasado mes de enero la ministra de Defensa, Margarita Robles, mantenía una reunión con el socio fundador de AUGC, el sargento José Morata, el cabo Rosas y el guardia civil Piñeiro. Los tres, a día de hoy, continúan expulsados del Cuerpo como consecuencia de su valiente labor en el sindicalismo clandestino de la Guardia Civil, germen de lo que hoy es y representa la Asociación Unificada de Guardias Civiles.

Con esta reunión se abría un nuevo espacio de diálogo en el que poder buscar fórmulas que reconozcan la injusticia que se cometió en su día y se sigue cometiendo contra estos trabajadores, cuyo único ‘delito’ fue buscar la dignificación profesional de un colectivo que carecía de derechos fundamentales. La democracia española no se puede permitir una situación de este tipo.

Sin embargo, para dicha reparación sería necesario emprender un trámite legislativo que no puede demorarse más. Tras el paso dado en enero por parte del Ministerio de Defensa a través de su ministra, es sin duda el turno del Ministerio del Interior, que debe abanderar ahora una iniciativa urgente para corregir un abuso que ha arruinado las carreras profesionales y causado un hondo perjuicio personal a muchos de aquellos valientes compañeros.

Aún estamos a tiempo antes de que concluya la legislatura. La decisión corresponde ahora a Interior.

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