El próximo 18 de octubre se celebrará el juicio como consecuencia de la demanda de desahucio presentada por la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil contra una huérfana de dicho Cuerpo en situación precaria por extinción de un contrato de alquiler que jamás ha dejado de pagarse. María Ángeles, que así se llama, tenía quince años cuando falleció su padre, guardia civil en activo. Siendo la mayor de tres hermanos, decidió renunciar a su internamiento en el colegio de huérfanas de la Guardia Civil para quedarse junto a su madre y cuidarla hasta el final de sus días, dada la depresión y enfermedad degenerativa grave que ésta sufría y le fue finalmente diagnosticada en el Hospital Militar Gómez Ulla (artritis reumatoide). Fue entonces cuando la madre se planteó trasladar su residencia de Salamanca a Madrid y, como viuda del Cuerpo, se inscribió en lista de espera con el fin de que la Asociación le adjudicara una vivienda de alquiler.
Una vez concedida ésta, María Ángeles se traslada a Madrid y en ella ha estado viviendo durante diecisiete años atendiendo a su madre, a quien le fue reconocida un grado de discapacidad superior al 65% y baremo positivo de movilidad reducida, pues no podía valerse por sí misma, tenía que ser trasladada en silla de ruedas y estaba siendo tratada de cáncer en el Hospital Clínico de San Carlos, donde finalmente falleció en 2014.
Confiando en el carácter humanitario del que hace gala la Asociación Pro Huérfanos y a lo establecido en su Reglamento para “aquellos casos en que existan motivos extraordinarios muy justificados de carácter humanitario y/o del mejor servicio al Cuerpo”, María Ángeles solicitó la tácita reconducción del contrato alegando su situación personal, la discapacidad del 35% que tiene reconocida como consecuencia de la enfermedad degenerativa que padece, los 60 años con que cuenta actualmente y los escasos recursos económicos de que dispone. Sin embargo, tal solicitud le fue denegada so pretexto de que existía una larga lista de espera cuando, en realidad, hay pisos vacíos, como es el caso del que se encuentra al lado de su puerta, que está desocupado desde hace más de 4 años, y ello al margen de que la Asociación cuenta con un amplio patrimonio inmobiliario y podría, por tanto, ofrecerle una solución habitacional.
Ante esta situación, se ha abierto en la plataforma change.org una petición pública de recogida de firmas de apoyo para poder presentarla ante la Dirección General de la Guardia Civil y el MInisterio del Interior.
