La pasada semana se celebró el primer Grupo de Trabajo de Sanidad donde se nos presentaba un borrador con un texto en el que se recoge el descuento económico a los guardias civiles que se encuentren de baja médica por un tiempo superior a tres meses.
De salir adelante el proyecto, esto supondrá un mínimo de 300 euros de pérdida económica, dependiendo del destino y empleo del afectado.
Así, el agente, a partir del cuarto mes, percibiría las retribuciones básicas más el 75% de los complementos (al ser la más beneficiosa), lo que supondrá una pérdida del 25% de los complementos.
Sin embargo, como comentamos, se trata de un proyecto que todavía tiene mucho recorrido y en el que las asociaciones profesionales de guardias civiles, en unidad de acción, presentaremos alegaciones en contra.
Para AUGC, lo que pretende la guardia civil es hacer pagar a los guardias civiles sus carencias e incumplimientos de la legislación actual.
Por encima de todo, partimos desde la evidencia de que una buena prevención de riesgos laborales reduce considerablemente el índice de absentismo. Sin embargo, en la Guardia Civil se incumple con la obligación de evaluar los puestos de trabajo, tampoco existe una evaluación de la carga de trabajo (incrementada considerablemente ante la falta de personal) y, doce años después, continúa si realizarse una vigilancia de la salud de los guardias civiles.
Con este panorama, y sin que ningún gobierno tome medidas para que se cumpla la legalidad en la Guardia Civil, ahora se pretende hacer pagar a los guardias civiles el desinterés por la salud de los trabajadores de quienes dirigen y han dirigido hasta ahora la institución, bajo la excusa del desarrollo reglamentario de la Ley de Personal (del año 2014), cuando no existe ni ha existido interés en desarrollar la Ley de derechos y deberes (del año 2007).
Esperemos que el Gobierno tome cartas en el asunto y paralice este despropósito.
