El segundo tramo de la equiparación será una realidad aunque no se aprueben los PGE

Así se confirmó el pasado día 10 en la reunión celebrada entre las asociaciones profesionales y la Secretaría de Estado de Seguridad.

por Ildefonso Garcia Ruiz

Imagen de archivo de la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Imagen de archivo de la secretaria de Estado de Seguridad, Ana María Botella, con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

El pasado día 10 de enero, las asociaciones profesionales representativas fueron convocadas a una reunión en la Secretaría de Estado de Seguridad, en la que participaron diferentes responsables ministeriales, y que debe entenderse, tal y como la titular de este órgano expresó, en la necesidad de una comunicación constante y continuada en el tiempo, entre el Ministerio y las organizaciones policiales representativas. Fue un encuentro denso, con una duración extensa, de varias horas y aunque se trataron temas diversos, los asuntos más importantes fueron los siguientes:

1. Equiparación salarial

Como aspecto más destacado del encuentro cabe señalar el entendimiento por ambas partes para la consecución del segundo tramo del Acuerdo, independientemente (y esto es lo más destacado) de que exista consenso parlamentario para la aprobación de los PGE para 2019 o no, es decir, el segundo tramo de la Equiparación Salarial será una realidad, pues Hacienda ya ha dado la autorización para su aplicación.

Ahora, como paso siguiente se convocará una reunión conjunta de las partes firmantes del acuerdo, para analizar el trabajo y los informes que, hasta la fecha, ha elaborado la auditoria externa contratada al efecto; y con la información correspondiente, e inmediatamente, la convocatoria de la Comisión de Seguimiento y consecución del tramo del 2019. Hay que recordar, en este sentido, que no abordamos una mera mejora salarial, sino un proceso equiparación que requiere la comparación de todos los puestos de trabajo.

Necesario nos parece también ahora aclarar que la propuesta trasladada al Ministerio para incentivar el reingreso al servicio del personal en reserva sin destino, elaborada por AUGC y propuesta a las demás asociaciones. La idea es buscar, dentro de las competencias atribuidas a la Guardia Civil, una que sirva de impulso – como es la preocupación existente en torno a la violencia de género -. 

2. Jornada laboral, productividad y otros asuntos 

AUGC ha vuelto a reiterar su reclamación de que se regule de una vez por todas una jornada laboral que permita realmente conciliar la vida familiar con la laboral, con el establecimiento de un régimen de turnos al efecto (lógicamente, la modificación de la Orden General al efecto, tiene que venir acompasada con la reforma de la que regula los incentivos al rendimiento, y las compensaciones en la ella recogidas, o sea la de productividad).

Como necesario es que se regule de una vez por todas, el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Guardia Civil, para la adecuada reorganización funcional de los mismos en la Guardia Civil, para mayor certeza y necesaria transparencia a destinos, comisiones de servicio, o la erradicación de unidades “fantasmas”, sin personal destinado a las mismas y sin unos criterios de formación y méritos adecuados.

AUGC aprovechó esta cuestión para criticar el aumento desmesurado de los destinos de libre designación, con la última reforma de la reglamentación de esta materia, a lo que se defendía el Director General de la Guardia Civil argumentando que eso, como otras cosas, eran responsabilidad del anterior Gobierno, y que se podían cambiar.

Continuamos poniendo sobre la mesa que el pasado 28 de septiembre de 2018, el Consejo de la Guardia Civil informó sobre el proyecto de Ley por el que se modifica la Ley 29/2014, de Régimen de Personal de la Guardia Civil. Un texto que recoge avances importantes para los integrantes del Cuerpo, sobre todo, porque abre la vía a reclasificación en el Grupo B funcionarial, de la Escala de Cabos y Guardias, lo que conllevaría indudables ventajas cara a las pensiones de retiro. Por lo que reclamamos que desde el Ministerio del Interior se impulsen sin dilaciones, los trámites parlamentarios necesarios para que la citada reforma sea aprobada en la presente Legislatura.

Ley de Personal que, además y como AUGC ya ha expuesto al Gobierno, sería el instrumento jurídico adecuado para la rehabilitación y definitiva y satisfactoria solución a la situación de los miembros de la Guardia Civil, que perdieron su condición de guardias civiles como consecuencia de su actividad en pro del derecho fundamental de asociación profesional, entre ellos el socio fundador de nuestra asociación, José Morata.

Y por supuesto, y como medida estructural tendente a la modernización de la Guardia Civil, que facilitaría la implementación de nuestras principales reivindicaciones anteriores y la prestación de un mejor servicio público a la sociedad, hemos recordado la importante propuesta incluida en el Modelo Policial para el siglo XXI, de AUGC, tal que es de la reorganización territorial de las unidades del Cuerpo.

La respuesta de la Secretaria de Estado es que está cuestión esta siendo estudiada, pero que queda de momento aplazada, hasta tanto no se celebren las próximas elecciones municipales.

AUGC finalizó exponiendo que la equiparación debe ser el inicio también de la modernización y mejora en las relaciones laborales de los guardias civiles. Y para ello, tiene que ser una equiparación completa y real, es decir, en todas nuestras condiciones de vida y trabajo. También se hace necesario que los guardias civiles podamos defender adecuadamente nuestros derechos. Y para ello, se requiere que el derecho de asociación profesional sea realmente útil, porque de lo contrario, en el futuro, nuevamente los demás cuerpos policiales volverán a “sacarnos ventaja” en nuestras condiciones sociolaborales. Y esto no es que lo digan las asociaciones, sino que como consecuencia de los recursos interpuestos por AUGC, así lo han dictaminado órganos jurisdiccionales tan importantes como el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, y hasta el propio Consejo de Estado, como órgano asesor del Gobierno, algo que pone en evidencia la continua mala praxis de la DGGC y como consecuencia, la falta de avances democráticos para los guardias civiles.

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