AUGC lleva años denunciando la abusiva y arbitraria aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles en funciones policiales, e incluso a situaciones producidas fuera de servicio, como la que ha llevado a prisión al compañero Luis Miguel Pouso, que el pasado 14 de octubre ingresaba en el penal militar de Alcalá de Henares para cumplir una pena de siete meses y un día. Tres días después, AUGC se concentraba ante la sede del Defensor del Pueblo para mostrar su repulsa por esta utilización del Código Penal Militar.
Pero es que, además, esta ‘injusticia’ militar también es empleada como herramienta para reprimir las denuncias contra los casos de corrupción interna que se producen en el Cuerpo, recurriendo a ella para amedrentar o directamente represaliar a aquellos agentes que se atreven a señalar uno de estos casos.
Y es que denunciar la corrupción interna en la Guardia Civil puede salir muy caro. Bien lo sabe María Serrano, sargento primero del Seprona de Sevilla que desde que en 2013 denunció un caso de presunta corrupción interna que finalmente fue archivado por la prescripción de los delitos vive un calvario de denuncias cruzadas con varios de sus superiores.
Es lo que quedó de aquella denuncia, pero que para la sargento Serrano continuó a través un rosario de desencuentros y persecuciones, entre ellas los expedientes que recibió hasta ser expulsada del pabellón en el que residía.
En el recorrido judicial del caso por la vía militar, y con ello bajo la espada de Damocles del Código Penal Militar, destaca el protagonismo del entonces coronel jefe de la Comandancia de Sevilla, recientemente ascendido a General de Brigada. Con él ha cruzado varias denuncias, y un encuentro que para Serrano tuvo carácter vejatorio, pero que para el juez militar no pasó de una “riña paternal”.
Tras haber presentado María Serrano una denuncia contra el coronel por prevaricación, ahora es ella la que se enfrenta a una causa por acusación y denuncia falsa. A esto se le añade además la imputación de un segundo delito de abuso de derecho contra la Administración militar, causa en la que el propio General se ha personado como acusación particular. Así se lo comunicaba a la sargento, con fecha de 9 de octubre, el Juzgado Togado Militar Territorial Nº12. De esta manera, el citado mando se asegura de que el procedimiento continúe adelante, con independencia del criterio del fiscal.
De la escasa fiabilidad de la ‘justicia’ militar da igualmente fe el hecho de que en la causa contra el entonces coronel por presunta prevaricación se manifestaron tres testigos que confirmaban la denuncia de la sargento Serrano. Sin embargo, la causa fue archivada.
Al final, es lo que desgraciadamente queda de aquella denuncia por corrupción que la sargento Serrano presentó: seis años de persecución, más los que restan, siempre con el fantasma de la aplicación del Código Penal Militar contra ella. Con un futuro incierto para esta trabajadora, que sin embargo está dispuesta a llegar incluso a los tribunales europeos en defensa de sus derechos.
Como siempre, en todos los casos en los que un afiliado resulta atropellado por la maquinaria represora de la Guardia Civil, AUGC estará a su lado.
