El pasado martes 13 de diciembre se ha publicado en el BOE el Real Decreto 641/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de diciembre.
La nueva norma permite que las asociaciones profesionales de militares con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas designen un representante en la Junta de Gobierno del ISFAS.
Sin embargo, no ha previsto lo mismo para las asociaciones profesionales de miembros de la Guardia Civil con representación en el Consejo, a pesar de que en la Ley Orgánica 11/2.007., de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, se contiene una previsión idéntica (Art. 38.3) a la que ha servido de fundamento para adoptar esta decisión por parte del Gobierno.
Esto genera sin duda una situación de discriminación que no encuentra justificación alguna y que, de nuevo, sitúa a los guardias civiles y a sus familias fuera del sistema de representación y participación en los sistemas de protección social y asistencia sanitaria, que son precisamente en los ámbitos de funcionamiento del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS).
El Gobierno ha ignorado a los guardias civiles y a sus familias al impedir que, a través de las asociaciones profesionales representativas, puedan estar representados en la Junta de Gobierno del ISFAS, en donde se debaten y proponer cuestiones relativas a medidas, planes y programas, convenientes para el desarrollo de los mecanismos de protección del Régimen especial de la Seguridad Social.
AUGC procederá en los próximos días a interponer recurso contencioso-administrativo para garantizar la igualdad de trato de las asociaciones profesionales, de los guardias civiles y de sus familias.
