Un año más, y siguiendo la tónica habitual de los últimos ejercicios, los guardias civiles volvemos a salir perdiendo en los presupuestos asignados desde el Ministerio del Interior a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así, en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 se advierte, como de costumbre, una notable desproporción entre las partidas destinadas a Policía Nacional y a Guardia Civil. Un desequilibrio que se acentúa si se tiene en cuenta que Guardia Civil dispone de una plantilla más amplia que la Policía Nacional (aproximadamente 77.000 guardias civiles frente a 65.000 policías nacionales).
Este desequilibrio se da desde la comparativa del total presupuestario asignado a uno y otro cuerpo. Así, si para la Policía Nacional se asignan 2.785.938.981 euros, para la Guardia Civil la cifra se queda en 2.705.036.990. Es decir, aproximadamente 80 millones menos. Esto, recordamos, con una plantilla de la Guardia Civil notablemente superior en número a la de la Policía Nacional y con una dispersión de unidades mucho mayor y en el entorno rural.
De manera desglosada, las cifras arrojan un presupuesto menor para la Guardia Civil en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en la partida destinada a Acción social, asignada a ambos colectivos con independencia del número de estos, y que afecta de manera discriminatoria al nivel asistencial de los guardias civiles y sus familias, especialmente en el caso de enfermedad, cuidado de menores, tercera edad, personas dependientes, ayudas sociales o para el estudio, la cantidad asignada a la Policía Nacional es de 10.579.570 euros; por 7.516.140 para la Guardia Civil. Es decir, más de tres millones de diferencia. Las cifras coinciden, además, con las de los presupuestos de 2016.
El mismo caso se da en la partida de Incentivos al rendimiento: 166.298.910 para la Policía Nacional, y 159.907.880, 00 para la Guardia Civil. Más de seis millones entre una y otra cifra. Esta “productividad” además de ser menor para Guardia Civil, se reparte de una manera desproporcionada, siendo asignada un 80% de la misma entre un 20% de la plantilla.
Pero si en estos capítulos citados existe una gran diferencia, el desequilibrio en la partida asignada a órganos de representación y defensa de los derechos del colectivo es especialmente llamativo. En este punto, la asignación a la Policía Nacional casi multiplica por cuatro la correspondiente a la Guardia Civil (237.300 frente a 60.000). Un auténtico agravio, considerando que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil cumplen funciones equivalentes a los sindicatos del Cuerpo Nacional de Policía y cuentan con similares estructuras.
En lo que sí supera el presupuesto de la Guardia Civil al de la Policía Nacional es en las partidas destinadas a gastos protocolarios (318.240 euros frente a los 102.000 de la Policía Nacional). Es el triste reflejo de la realidad en la Guardia Civil, donde se despilfarra el dinero en fiestas oficiales, desfiles, peregrinaciones a Lourdes y demás boato, mientras que los guardias civiles carecen de chalecos antibalas o patrullan en chatarras con más de 400.000 kilómetros, por poner tan sólo dos ejemplos lacerantes.
Igualmente, en cuestiones operativas resulta que quien pierde es la Guardia Civil pues el gasto destinado a Seguridad Ciudadana supone una diferencia de 260.590.910 euros. Otro ejemplo es el gasto para persecución delitos de drogas, con una diferencia del 50%, 24.422.570 a favor de la Policía.
Así cabe preguntarse a que se debe que año tras año sea la Guardia Civil, y mas concretamente sus escalas básicas, quienes tengan que realizar las mismas funciones con menos retribuciones, peor material, y unas condiciones de vida mas austeras, sin que tengan una representación efectiva, a través de las asociaciones, para que estas situación de desventaja se vea paliada. La institución más valorada, sigue siendo la peor tratada, y no sabemos si es por parte de la Dirección General de la Guardia Civil o por quienes elaboran los PGE, pero la realidad, de nuevo, es la misma para los guardias civiles.
