Poco antes de las diez y media, y tras recorrer cerca de un kilómetro a pie, Sergio llegaba a las puertas del penal militar de Alcalá Meco. Llevaba en su brazo derecho a su hija, que en marzo cumplirá dos años. Con el izquierdo se abrazaba a su mujer. Su madre apenas podía reprimir las lágrimas. Hacía una mañana especialmente fría en el páramo donde se enclava la prisión.
Tras él, cerca de doscientas personas prorrumpieron en un caluroso aplauso de ánimo, que Sergio agradeció emocionado antes de cruzar la puerta de la prisión donde pasará los próximos cuatro meses de su vida.
El crimen de Sergio fue discutir con el jefe, tener unas palabras en un mal día en el trabajo. Fue en la Nochevieja de 2006, cuando este guardia civil con doce años de intachable servicio estaba destinado en Guipúzcoa.
Hoy, la anacrónica aplicación del Código Penal Militar ha caído como una injusta y desproporcionada losa sobre Sergio y su familia, y de este modo un guardia civil honrado que trabaja por la seguridad de los ciudadanos pierde la libertad en la España en la que los corruptos se pasean por la calle.
AUGC ha arropado en todo momento a este compañero, acompañándolo hasta la misma puerta del penal. Miembros de la delegación de Madrid, Murcia (donde actualmente está destinado) y otras provincias le han apoyado en este duro trance. También han estado presentes compañeros del Sindicato Unificado de Policía (SUP), de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y de Comisiones Obreras.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado de forma reiterada la aplicación del Código Penal Militar en la Guardia Civil, una cuestión que genera hechos tan difíciles de asumir por parte de la sociedad española.
Para AUGC, esta situación supone otro recorte de derechos, un cúmulo de errores y de dejación de funciones por parte de la Administración, que permite que un guardia civil honrado y su familia tengan que pasar por un trance de enorme sufrimiento en una situación que remite más a un Estado totalitario que a uno democrático.
Ante este flagrante abuso, AUGC va a iniciar de inmediato una campaña para recabar apoyos sociales de toda índole con el objetivo de erradicar la nefasta herencia del siglo XIX que supone la aplicación del Código Penal Militar en la Guardia Civil, impulsada además a lo largo de la presente legislatura por el Gobierno en su campaña de privación de derechos de los trabajadores del Cuerpo.
Tras él, cerca de doscientas personas prorrumpieron en un caluroso aplauso de ánimo, que Sergio agradeció emocionado antes de cruzar la puerta de la prisión donde pasará los próximos cuatro meses de su vida.
El crimen de Sergio fue discutir con el jefe, tener unas palabras en un mal día en el trabajo. Fue en la Nochevieja de 2006, cuando este guardia civil con doce años de intachable servicio estaba destinado en Guipúzcoa.
Hoy, la anacrónica aplicación del Código Penal Militar ha caído como una injusta y desproporcionada losa sobre Sergio y su familia, y de este modo un guardia civil honrado que trabaja por la seguridad de los ciudadanos pierde la libertad en la España en la que los corruptos se pasean por la calle.
AUGC ha arropado en todo momento a este compañero, acompañándolo hasta la misma puerta del penal. Miembros de la delegación de Madrid, Murcia (donde actualmente está destinado) y otras provincias le han apoyado en este duro trance. También han estado presentes compañeros del Sindicato Unificado de Policía (SUP), de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y de Comisiones Obreras.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado de forma reiterada la aplicación del Código Penal Militar en la Guardia Civil, una cuestión que genera hechos tan difíciles de asumir por parte de la sociedad española.
Para AUGC, esta situación supone otro recorte de derechos, un cúmulo de errores y de dejación de funciones por parte de la Administración, que permite que un guardia civil honrado y su familia tengan que pasar por un trance de enorme sufrimiento en una situación que remite más a un Estado totalitario que a uno democrático.
Ante este flagrante abuso, AUGC va a iniciar de inmediato una campaña para recabar apoyos sociales de toda índole con el objetivo de erradicar la nefasta herencia del siglo XIX que supone la aplicación del Código Penal Militar en la Guardia Civil, impulsada además a lo largo de la presente legislatura por el Gobierno en su campaña de privación de derechos de los trabajadores del Cuerpo.
