La reciente sentencia dictada por la Sala de los Social del Tribunal Supremo, en relación con la no inscripción del Sindicato Unificado de Guardias Civiles, no ha sorprendido a nadie. Era una sentencia esperada, paso previo necesario para que sea el Tribunal Constitucional y, en su caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los órganos judiciales que hayan de despejar las dudas que suscita la no aplicación del artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y su contraposición con leyes españolas y con la propia Constitución.
Por ello, ante las voces que, de manera interesada y precipitada, han anunciado que los guardias civiles no pueden sindicarse, se alzan otras más atemperadas y prudentes, que ponen de manifiesto que estamos ante los primeros pasos para el reconocimiento del derecho fundamental a la sindicación de las mujeres y los hombres que integran el cuerpo de seguridad pública más numeroso en España. Es una batalla a largo y medio plazo, que no sólo se produce en el ámbito judicial, en el que se sigue la hoja de ruta prevista por la estrategia jurídica diseñada por AUGC. Hay otros frentes de trabajo por la definitiva consecución de pleno ejercicio de este derecho, que son los planos político y social. En ambos, los avances en la dirección del reconocimiento del derecho son firmes y constantes. Son muchas las organizaciones de la sociedad civil que apoyan la necesidad de que los guardias civiles puedan sindicarse para la defensa de sus derechos profesionales, sociales y económicos. También los partidos políticos avanzan en la misma dirección. Unos con iniciativas legislativas específicas; otros, con actividades menos notorias pero que conducen ineludiblemente al mismo objetivo y fin.
Nunca fue fácil conseguir la plena ciudadanía. Menos cuando en contra de la misma, se sitúan políticos trasnochados que anhelan tiempos pasados, incapaces de liderar los cambios externos e internos que precisa la Guardia Civil; y altos mandos, más preocupados por sus prebendas y privilegios, que, por supuesto, se verían afectados con sindicatos fuertes, cohesionados y al servicio de los guardias civiles y de los ciudadanos.
En los próximos días se formalizarán el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y, en su momento, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También, en fechas próximas se reanudarán los contactos con responsables políticos para explicar el modelo de sindicalismo responsable que propone AUGC, como palanca de cambio para la plena ciudadanía de los guardias civiles y como mecanismo de mejora del servicio público de seguridad.
Y es que con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).
