Ya se conoce el nuevo destino de dos de los cuatro guardias civiles de Cádiz castigados con el destierro. Como en un relato medieval, en el que un señor feudal cruel y rencoroso se ensañara contra sus trabajadores caídos en desgracia, la Dirección General los envía al punto más alejado de sus hogares: Tarragona y Lleida. Contra esta resolución, además, estos guardias civiles, profesionales con más de veinte años de servicio, no han tenido la más mínima oportunidad, ya que sus sanciones se conocieron en junio, tras haberse superado el plazo de solicitar vacantes.
Recordemos que tan desproporcionada sanción, que afecta no sólo a los compañeros, sino a sus respectivas familias, es la represalia que la institución les aplica por haber prestado testimonio voluntario ante el juez por las demandas que dos mandos de los cuarteles de Arcos de la Frontera y Ubrique, ambos en la Sierra de Cádiz, habían presentado por la publicación por parte de AUGC en diciembre de 2014 de una nota de prensa en la que se detallaba la situación de acoso laboral existente en esos acuartelamientos.
Como consecuencia de esta situación se encuentran de baja en la actualidad quince guardias civiles destinados en los dos cuarteles mencionados. Entre estos, los cuatro compañeros desterrados. También se está a la espera de conocer la resolución de los más de veinte expedientes abiertos contra trabajadores de estos puestos.
A falta de conocer el destino de los dos trabajadores restantes, la situación adquiere tintes aún más surrealistas al plantearse ahora la duda de si uno de los compañeros de Ubrique que ha sido destinado en Cataluña podrá continuar residiendo temporalmente con su familia en el pabellón que ocupa actualmente, mientras continúe en situación de baja psicológica. De hecho, en fechas recientes ya sufrió un intento de desalojo por parte de un mando de ese acuartelamiento.
Ante esta situación, AUGC no puede por menos que reprobar una vez más a un director de la Guardia Civil que permite que expulsen de su hogar a varias familias de trabajadores del Cuerpo, simplemente como represalia contra unos guardias civiles que se han limitado a testificar ante el juez, como es obligación de todo ciudadano. Fernández Díaz no merece ser Director General de la institución más valorada por los españoles ni un segundo más.
Desde la plataforma NO SILENCIO se ofrece la posibilidad de firmar en solidaridad con los guardias civiles represaliados y para exigir a la Administración que se corrija esta injusticia. En palabras de la propia plataforma, “Nuestro objetivo es llevar la voz de los guardias civiles represaliados a cuantas organizaciones sociales, administraciones públicas, entidades públicas y/o privadas, y personas particulares en general que se muestren sensibles a ello a fin de concienciar sobre una situación de injusticia generada después de que cuatro profesionales hayan actuado en el cumplimiento de su deber con total legalidad”.
