Nuevamente ocurren hechos graves en el seno del Ministerio del Interior, y es que al igual que ocurriera el pasado 29 de julio de 2015 durante la etapa de Jorge Fernández Díaz, éste recibiera en la propia sede del ministerio a quien fuera vicepresidente del Gobierno del Partido Popular, ministro de Economía y presidente de Bankia, Rodrigo Rato, quien ha protagonizado uno de los casos de mayor alarma social respecto a asuntos de corrupción en nuestro país.
Ahora, y en el equipo del actual ministro, José Ignacio Zoido, se ha tenido conocimiento a través del auto del magistrado y juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco Núñez -encargado de la operación Lezo por la que se encuentra en prisión incondicional el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, entre otros- que el secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior, y por tanto persona de confianza del ministro Zoido, haya admitido que mantuvo un encuentro con Pablo González, hermano de Ignacio González y también implicado en la Operación Lezo.
Pero además, los hechos cobran especial gravedad tras conocerse que los investigados conversaron sobre la posibilidad de mantener este encuentro con el Secretario de Estado de Seguridad tras tener conocimiento que estaban siendo objeto de una investigación en el seno de una operación policial, a la postre la operación Lezo llevada por la Guardia Civil, a través de la UCO. Esto supondría que los investigados habrían tenido conocimiento antes de su detención de que estaban siendo investigados, y esto como es lógico podría tener consecuencias en el resultado final del proceso.
El hecho de que el Secretario de Estado de Seguridad, persona que ostenta un alto grado de responsabilidad y de conocimiento de información sensible en la seguridad pública del Estado, se haya reunido con una persona investigada por unos gravísimos delitos de corrupción, implica unas enormes responsabilidades públicas de las que debe responder el máximo dirigente de Interior, el ministro Zoido, pues se trata de un acto oficial y una reunión formal en la propia sede del Ministerio del Interior con una persona que estaba siendo investigada, y posteriormente detenida por la UCO.
Por tanto, AUGC considera que es el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quién debe actuar, pues el equipo de Zoido parece hacer aguas en un momento tan delicado y ante un caso de corrupción de proporciones descomunales, el cual está generado un descredito no solo entre la opinión publica en España, sino también fuera de nuestras fronteras.
Desde la asociación que representa mayoritariamente a los trabajadores de la Guardia Civil, lamentamos estos hechos profundamente nuevamente escandalizados por la gestión realizada en el ministerio. Y es que al reciente escándalo de la intención de dotar de un piso del Cuerpo al Director General de Tráfico, Gregorio Serrano, hemos de añadir ahora un nuevo y bochornoso caso, el cual denosta la poca preparación para ejercer cargos de tan alta responsabilidad, además de la gravedad propia de los hechos que suponen un menosprecio a las reglas democráticas en España.
Y es que es cuando menos insólito, que se reciba en sede ministerial a personas investigadas por casos de corrupción política en operaciones llevadas de manera paradójica por la UCO de la Guardia Civil, cuando desde el mismo Ministerio se niegan a recibir a AUGC, la asociación mayoritaria en la Guardia Civil.
