En estos días cesa en su cargo como jefe provincial de la Guardia Civil en Córdoba el Coronel Francisco Fuentes, responsabilidad que ha venido desempeñando durante los últimos cuatro años, y el balance no puede ser muy positivo, porque si bien inició su mandato mostrando un talante más dialogante que su antecesor, el entonces Coronel Criado, sin embargo ese diálogo rara vez se ha traducido en hechos concretos.
De nada sirve que el máximo responsable de la Guardia Civil en la provincia escuche a las asociaciones profesionales si después no adopta medidas respecto a los problemas que se le plantean, y eso es precisamente lo que ha ocurrido en la mayoría de los asuntos.
El Coronel Fuentes ha venido aprovechando todos los actos institucionales para presumir de datos estadísticos sobre índices delincuenciales, pero lo cierto es que la situación no es tan idílica, por ejemplo el propio Gobierno ha reconocido que Córdoba es la cuarta provincia de todo el país en número de sustracciones en el campo. Y además las mejoras en este ámbito se están consiguiendo sobre todo gracias al esfuerzo, compromiso y profesionalidad de los guardias civiles, a pesar de la insuficiencia de plantilla y medios que la Guardia Civil padece en la provincia de Córdoba desde hace muchos años.
Debe recordarse que hay más de 150 vacantes sin cubrir, a pesar de contar con la plantilla más reducida de toda Andalucía, lo cual se traduce en que para poder sacar a la calle patrullas de Seguridad Ciudadana deben unirse efectivos de distintas poblaciones. No en vano el propio Gobierno reconoce que en los últimos cinco años la Guardia Civil ha perdido un 5% de su personal en esta provincia.
Por otro lado el parque móvil es deficitario, con excesiva antigüedad y kilometraje, como el propio Coronel Fuentes ha reconocido recientemente, habiéndose gastado más de un millón y medio de euros durante los últimos cinco años en la reparación de los vehículos asignados a la provincia de Córdoba, y de hecho durante el mandato de Fuentes se ha incrementado considerablemente ese gasto en reparaciones con respecto a los años previos.
En lo que respecta a las infraestructuras la situación es también deficitaria, a pesar de los esfuerzos realizados por algunos Ayuntamientos y especialmente por la Diputación Provincial, cuyas aportaciones son cuantiosas pero claramente insuficientes para las necesidades existentes, sobre todo por la escasa o casi nula inversión de la administración central. Una gran parte de los acuartelamientos son muy antiguos, varios de ellos con más de 60 años, y en algunas poblaciones ni siquiera se dispone de acuartelamiento, utilizándose instalaciones provisionales que no reúnen las condiciones mínimas necesarias.
AUGC lleva años reclamando que se mejoren las condiciones de habitabilidad de las viviendas existentes en algunos cuarteles de la provincia, pero el Coronel Fuentes siempre ha respondido que deben priorizarse las dependencias de uso para el servicio y que no hay recursos suficientes. Sin embargo no dudó en priorizar con carácter inmediato las reformas de las viviendas asignadas a los Tenientes de Pozoblanco y Peñarroya, a pesar del elevado coste que conllevaban esas obras –más de 45.000 euros entre ambas–.
En cuanto a la aplicación del régimen disciplinario, si bien las sanciones parecen mantenerse estables durante los últimos años, sin incrementos ni descensos considerables, sin embargo AUGC ha detectado un crecimiento de los expedientes por faltas graves y muy graves en detrimento de las leves, con el consiguiente agravamiento de las sanciones impuestas.
Y respecto a las asociaciones profesionales, si bien mejoraron las relaciones con la llegada del Coronel Fuentes –era imposible empeorar la situación dejada por su antecesor–, sin embargo ha ido adoptando algunas decisiones que han perjudicado directamente a AUGC, dificultando la labor de atención y asistencia a sus afiliados, y negándose reiteradamente a darle solución al problema.
