Esta semana se juzga en la Audiencia Provincial hechos acaecidos en enero de 2006, donde un joven perdió la vida cuando en su huida intento atropellar a un guardia civil y este repelió la agresión con varios disparos, siendo que trágicamente uno de ellos le causo la muerte. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles tanto en el 2006 como hoy mismo lamentamos la perdida de cualquier vida humana y por supuesto la de este joven y así lo queremos trasladar a la familia y a la opinión pública.
Pero no es menos cierto que los hechos no ocurrieron porque sí, sino porque dicho joven en compañía de otros se encontraba cometiendo diversos delitos, que una patrulla de la Guardia Civil los detectó en un vehículo y cuando se dispuso a detenerlos, estos iniciaron la huida con total desprecio hacia la vida de los guardias civiles, atropellando a uno de ellos. Lógicamente el agente en legítima defensa uso su arma de fuego para detener el vehículo y salvar su vida, como hubiéramos hecho cualquiera, aunque lamentablemente con un final trágico.
Tampoco debemos olvidar que los autores eran residentes en Alicante y se encontraban desplazados en el Noroeste de Murcia cometiendo diversos delitos, que además poseían numerosos antecedentes penales, algunos de ellos por delitos violentos y que los guardias civiles solo hacían lo que hacemos los guardias civiles, cumplir con nuestro deber, evitar los delitos y detener a los autores de los mismos. Los guardias civiles cumplían con las órdenes que habían recibido, pero no de sus mandos, sino de los ciudadanos a los que servimos y que nos obliga nuestra Constitución en su artículo 104, “tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
Desde luego no existe una situación más difícil para un guardia civil o para cualquier policía que utilizar su arma de fuego para protegerse y evitar que le arrebaten su propia vida, máxime conociendo de las consecuencias fatídicas que tienen en algunos casos. Pero los guardias civiles hemos enterrado a muchos compañeros que dudaron si al defenderse de una agresión después tendrían que defenderse en un juicio y en ese tiempo de duda ya no pudieron reaccionar.
Los guardias civiles no disparamos indiscriminadamente ni a los ciudadanos ni a los delincuentes, pero en situaciones muy graves y extremadamente peligrosas no debemos ni podemos dudar ni una milésima de segundo en defender la vida de los ciudadanos y la nuestra propia, porque esa duda puede ser fatídica. Los ciudadanos a buen seguro saben que los guardias civiles protegemos su vida y así creo que lo hemos demostrado a lo largo de la historia de nuestro país
Nuestra legislación es muy pobre en la protección jurídica de las fuerzas de seguridad y en la Ley Orgánica 2/1986 que nos regula (ley que no ha evolucionado en 31 años) nos dice en su artículo 5.2 “Actuara por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance”. Los guardias civiles 31 años después, todavía tenemos dudas del significado de estos principios y desde luego nos encontramos en un limbo jurídico que ofrece escasa protección a nuestra labor profesional.
En esta sociedad moderna en la que lamentablemente se han multiplicado el número y la peligrosidad de los hechos delictivos, cuyo último fenómeno terrorista es el yihadismo, los guardias civiles necesitamos además de recursos humanos y materiales, una mayor protección jurídica de nuestras acciones, sobre todo, en situaciones donde está en juego la vida de los ciudadanos y la propia. España no es ajena al terrorismo propio (ETA, GRAPO, etc.) y tampoco lo es al yihadismo del cual ya fuimos víctimas el 11-M y ojala no volvamos a sufrir.
Desde AUGC apoyamos públicamente a nuestro compañero, que a buen seguro no quiso nunca causar la muerte a nadie, pero que si debía proteger la propia y pedimos que sea absuelto de delito alguno, puesto que lo único que hizo fue cumplir con la ley y proteger la vida propia.
En cualquier caso desde el año 2006 hasta hoy han pasado once años, en los que ha continuado trabajando y cumpliendo con su deber, once años en los que no ha dormido una noche completa, donde la incertidumbre de su futuro le ha minado personalmente, once años en los que no ha sabido si ingresara en prisión, si perderá su trabajo o qué será de su familia.Once años, los mismos once años de condena que ya ha cumplido nuestro compañero.
* Artículo de Juan García Montalbán, secretario general de AUGC Murcia.
