AUGC celebra el pase a retiro del teniente general de la Guardia Civil, Ulla Rega. Y es que quien será conocido en el Cuerpo por ser el último Subdirector de Personal (debido al cambio en el organigrama ahora son funciones del Mando de Personal y Formación), y responsable por tanto, entre otras cuestiones, de la elaboración de las normas que han afectado a los guardias civiles durante los últimos años, así como de las relaciones con las asociaciones profesionales del Cuerpo. Un general que deja tras de si una gestión de confrontación y ralentización de derechos para los trabajadores de la Guardia Civil, que le ha valido una carrera de ascensos meteóricos, siempre bajo la protección del anterior Director Arsenio Fernández de Mesa. Un coronel que estaba listo para su pase a la reserva comenzó a lograr ascenso tras ascenso hasta llegar a lo más alto: teniente general, con las más altas cotas de retribuciones y poder, en la Guardia Civil.
Justo es decir que, el carácter estudioso y taimado de Ulla ha conseguido mejorar la profesionalización de los mandos encargados de gestionar las cuestiones de personal, en el Cuerpo. Pero no es más real, y como a continuación vamos a exponer, que esta labor “legisladora” ha sido realizada por este general, para potenciar, de forma soterrada, deliberada y en todo lo posible, a las escalas de mando del Cuerpo, en claro detrimento de los componentes de la Escala de Cabos y Guardias.
Porque si los guardias civiles estamos ya acostumbrados a que los gobiernos de turno pongan al frente de la Guardia Civil a generales con la misión principal de “taponar” cualquier avance solicitado por sus trabajadores, el señor Ulla Rega ha dado una vuelta más de tuerca a esta máxima, usando su capacidad de influencia de forma maquiavélica.
Para empezar con la reglamentación sobre la jornada laboral. Cuestión que gracias a la iniciativa y presión de AUGC se ha regulado, aunque de modo tardío e incompleto. Lo que se debe en gran parte, a la labor de taponamiento del general Ulla; el cual por supuesto, ha procurado favorecer ampliamente a ciertas escalas, en detrimento del resto de guardias civiles. AUGC celebra estos avances, pero critica que una vez los perjudicados sean las bases de la Guardia Civil, pues una de nuestras máximas es que las mejoras deben llegar a todos los componentes del Cuerpo, sin excepción; pero desde luego, no a costa de relegar todo el trabajo policial hacia los de “abajo”, que es lo que de hecho está ocurriendo, por la ausencia de medidas organizativas reales. Se necesita personal operativo trabajando en la calle, y esto debe afectar a todos los empleos y escalas, sin excepción; en lugar de justificarse con nombramientos de servicio -que hacen siempre los mismos- y firmar papeletas, los guardias civiles no necesitamos vigilancias, sino apoyo en los servicios operativos y asesoramiento en la toma de decisiones durante el servicio.
Peor es la infamia perpetrada con el reparto de productividad. Ya que la modificación vendida a bombo y platillo por Ulla y sus acólitos como una “mejora”, en realidad ha supuesto el aseguramiento de un aumento salarial a mandos y a determinados servicios burocráticos, dejando al margen nuevamente, y de forma injusta, a los 55.000 guardias civiles que prestan servicios operativos. En otras palabras, se repartieron el botín, y todos sabemos quién y quienes se llevaron la mejor parte. Y como Arsenio Fernández de Mesa, en sus tiempos de Director General no se ha enterado de la misa, la media, mientras que Policía Nacional gestionaba unas equivalencias académicas de acceso y promoción interna muy favorables para sus integrantes, la Subdirección de Personal – o sea, Ulla - decidía que eso no era posible para los guardias civiles. Eso sí, mientras con una cara se reafirmaba en de decir esto, con la otra se ha afanado para que sí que se haga efectivo para los oficiales, buscando “atajos” para equipararlos académicamente con sus homólogos en Policía (es decir, que para ellos no ha habido problemas legales. Pero para los guardias de base y suboficiales, sí).
Al hilo de esta cuestión, es lamentable tener que señalar que, una de las ventajas que contiene la regulación de la formación en la ley de Personal, hacia la Escala de Cabos y Guardias, que es el acceso directo a la escala de oficiales, teniendo la necesaria formación universitaria, ha sido paralizada sine die por Ulla, sin dar más explicaciones del motivo. Un suma y sigue de despropósitos. O sea, que no solo no se incentiva la mayor formación de las escalas básicas, sino que además se penaliza, allá donde se cree conveniente. Quizá esto explique en parte que, mientras AUGC abandonaba las sesiones del Consejo y convocaba la mayor manifestación de guardias civiles acaecida hasta la fecha, otras asociaciones aplaudían la pasada legislatura, calificándola como positiva.
En cuanto al plano asociativo, no ha sido menos halagüeño, y así en cualquier decisión o modificación reglamentaria relacionada con el derecho de asociación profesional, siempre se ha tratado de perjudicar, de forma metódica y taimada a la mayoritaria AUGC, en favor de las asociaciones corporativas formadas por mandos, y en los instrumentos representativos de los que cada cual pudiera disponer. Un general que ha exprimido la máxima del “divide y vencerás”.
Han sido muchas las artimañas utilizadas al respecto, sin importarle al señor Ulla, en lo más mínimo, el daño que estaba acarreando. El más dramático con toda probabilidad, ha sido la expulsión sin contemplaciones de los administrativos que AUGC tenía contratados para trabajar en las sedes asociativas, allá donde los respectivos jefes de unidades habían hecho una interpretación aperturista de los derechos de las asociaciones profesionales. Y con estas malas formas se dejó sin trabajo, a trabajadores, padres y madres de familia cuyo único delito era asesorar y ayudar a los guardias civiles en su quehacer profesional diario.
Pero el más perverso que podríamos considerar sea posiblemente la decisión de Ulla de no compensar a los vocales de AUGC, en el Consejo de la Guardia Civil, por la pérdida retributiva que supone pertenecer a este órgano, cuando estos ejercen sus funciones de representación, y consiguientemente, no realizan servicio en sus unidades; lo que supone que son los guardias civiles que menos cobran en sus destinos; mientras que los vocales del Consejo que son mandos - sean pertenecientes a la Administración, o representantes de asociaciones - conservan tranquilamente sus emolumentos, estén donde estén.
Sin parangón tiene la estrategia articulada durante años por el general Ulla para minimizar las herramientas que garanticen el real y efectivo ejercicio del derecho de asociación por parte de AUGC, siempre aplicando una política de desgaste y promoviendo los enfrentamientos entre distintas asociaciones. Por supuesto, con el punto de mira puesta en la mayoritaria. Unas técnicas propias de manual de quien quiere significarse como el administrador antisindicalista, alrededor de que se ha forjado su figura y ascensos.
Desde luego, con estas artimañas, este general lo único que ha conseguido es redoblar nuestra fuerza de voluntad y decisión de convertir al Consejo en un verdadero órgano útil para todos los guardias civiles. Porque Ulla, y sus continuas trabas, fue quien llevó a un fracaso participativo en las últimas elecciones del Consejo de la Guardia Civil (otro intento para hacer cambiar la realidad y minimizar el hecho incontestable de que los guardias civiles queremos cambios) y por el que AUGC está dispuesto a luchar para que estas próximas terceras elecciones al Consejo, los días 24 y 25 de octubre, sean las más participativas de la historia.
Pero la conclusión más importante a la que debemos llegar, es que el próximo mando que sea el máximo responsable de Personal, deberá asumir que fomentar el “divide y vencerás”, proporcionando privilegios a unos sobre otros, son remedios a corto plazo, porque solo ahondan en la división social entre guardias civiles, y que únicamente las soluciones que promuevan el interés general y el beneficio todos, sin excepción, conseguirán ir en el camino de la necesaria modernización de la Guardia Civil. Y es al Director de la Guardia Civil a quién le corresponde designar al siguiente teniente general Mando de Personal y Formación para que sea el Ministro del Interior quién le nombre, siendo por tanto responsabilidad del Sr. Holgado tener la capacidad de señalar a un mando con la capacidad de dialogo, talante y postura aperturista para desarrollar y avanzar en la Ley de Derechos y Deberes y alcanzar un mejor funcionamiento del Consejo, donde la voz de los guardias civiles sea tenida en cuanta a través de las herramientas legalmente constituidas: las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y su papel en el Consejo.
