Varios representantes de AUGC, entre ellos la secretaria de Mujer e Igualdad por Madrid, Eva María Gómez Martínez, asistieron ayer a una jornada sobre el protocolo frente al acoso sexual en las Fuerzas Armadas, invitados por Mariano Casado, presidente de la Sección de Derecho Militar y Seguridad del Colegio. Dicho acto tuvo lugar en una de las salas del Ilustre colegio de abogados de Madrid.
El primero en intervenir fue Mariano Casado, moderador del acto. Casado expuso en su intervención cómo la presión mediática del caso de acoso a la Comandante Zaida Cantera aceleró el proceso para aprobar el protocolo de acoso en FFAA en 2015.
A continuación intervino la profesora de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha, Beatriz López, para hablar sobre “Protección de la libertad sexual en las fuerzas armadas, ¿avance o retroceso?”. En su caso, su exposición no fue dentro de la perspectiva de género. En su opinión, cualquier persona puede ser víctima de acoso independientemente de su género. Beatriz López mencionó los artículos 47, 48, 49 y 50 del Código Penal Militar, en los que viene tipificado el trato degradante, inhumano, humillante, el acoso sexual, coacciones… Modificaciones que introducen diversas conductas que en el antiguo Código Penal Militar no existían. Expuso que no era entendible que se juzgara por el Código Penal Militar estos delitos cuando ya venían recogidos en el Código Penal, todavía más teniendo en cuenta que siendo la víctima y el agresor militares se juzga por un código u otro, según sucedan los hechos en lugares afectos a las Fuerzas Armadas o a la Guardia Civil o en acto de servicio dentro del entorno militar o fuera de los mismos, como recogen los artículos 49 y 50 y que se realizaran públicamente, y esto debe ser interpretado mediante imprenta, prensa o cualquier medio por el que se le dé publicidad. Dicha circunstancia es muy difícil que suceda, ya que el agresor busca todo lo contrario.
La pena ha de ajustarse a los daños causados a la víctima, a la relación jerárquica permanente entre víctima y agresor/a y que se lleve a cabo dentro del entorno del trabajo.
Cada ponente tenía un punto de vista diferente, unos con perspectiva de género y otros no, si bien todos coincidían en dar más medios para el Observatorio de la Vida Militar y en trabajar más las medidas de prevención en las academias militares.
Zaida Cantero, diputada y portavoz de Defensa del Grupo Parlamentario Socialista, preguntó que cómo es posible que un capitán con 32 delitos a sus espaldas relacionados con acoso, trato degradante, etc., siga en activo. La respuesta fue que, al no ser condenado en ninguna de sus penas a más de tres años de prisión, no se le expulsa del Cuerpo y puede seguir promocionándose dentro del Ejército. Además, expuso lo caro que sale denunciar económicamente, ya que ella gastó 40.000 euros en el proceso en el que denunció a su superior y la resarcieron con 6.000 euros por los daños causados. Teniendo en cuenta que la justicia militar es gratuita, es algo totalmente contradictorio que la víctima además tenga que desembolsar esta cantidad, lo que provoca que las víctimas no denuncien.
También se comentó que hay un caso en el que la víctima, después de denunciar, fue expulsada del Ejército por falta de condiciones psicofísicas, por lo que es otro punto a tener en cuenta para que las víctimas no denuncien. Añadió, además, que el protocolo de acoso sexual en las FFAA está muy bien en los papeles, pero que después no se aplica con las garantías que se debiera para proteger a la víctima. Se archivan sin sanción el 70% de los casos de acoso en las FFAA, por lo que es muy difícil convencer a una víctima de que denuncie.
En el caso del Protocolo en la Guardia Civil, la víctima es un mero testigo del hecho, no toma parte en el proceso, no tiene acceso a las declaraciones de su acosador/a, por lo que no puede rebatir sus respuestas, solo tiene conocimiento del inicio del proceso y sabe que finaliza cuando le comunican que se archiva o que abren expediente sancionador a la persona que le acosa.
Por ello, siente una gran indefensión durante todo el proceso, que tampoco sabe cuánto durará, porque no existen plazos que pongan fin a algo tan desagradable como un caso de acoso. Se denuncian una mínima parte de los casos. El miedo, la vergüenza y la falta de testigos, entre otras causas, impiden que se dé un paso adelante y se denuncien este tipo de delitos, que tanto perseguimos fuera y tanto sufrimos dentro de esta institución.
Por otra parte, la diputada por Cuenca, vocal de la Comisión de Defensa y representante del Grupo Parlamentario Popular, María Jesús Bonilla, manifestó que hay que tomar más medidas de carácter preventivo y formar a las personas para evitar este tipo de hechos, y concienciar para que, en caso de ser testigos, denunciarlos. Añadió también que tanto en el Ejército del Aire y en la Armada como en el Ejército de Tierra han creado unas unidades llamadas UPAS, las cuales se encargan de recoger todos los hechos de acoso, agresión sexual, etc. Algo que fue muy debatido, ya que debería existir un órgano central que se hiciera cargo, ya que todos son militares iguales.
Desde AUGC observamos otro problema que puede darse y es cuando quien denuncia no es la persona acosada y después la víctima niega los hechos. Entonces se puede producir la apertura de un expediente por falta grave con motivo de “aseveraciones falsas”, si no va a peor, por lo que también dificulta la denuncia y que se pueda ayudar a la víctima.
Como conclusión se podría decir que los delitos deberían ser juzgados por el Código Penal y ante un juzgado competente e independiente, y que tanto el protocolo en las FFAS como en Guardia Civil necesita un cambio que marque los plazos y que garantice una protección de la víctima, para evitar que siga sucediendo el acoso sexual y también el laboral.
Además de los ya nombrados, el resto de ponentes del acto fueron Francisco Javier Cano Leal, diputado por Cádiz y portavoz en la Comisión de Defensa del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Tania Sánchez Melero, diputada vocal de la Comisión de Defensa y representante del Grupo Parlamentario Confederal Unidos-Podemos.
