La madrugada del 14 de febrero de 2014, una patrulla de la Guardia Civil, perteneciente al Puesto de Chiclana de la Frontera, intervino en la detención de unos delincuentes que habían efectuado un allanamiento de morada con resultado de muerte al propinar una brutal paliza a un anciano de 85 años, al intentar averiguar donde se encontraba el dinero. Tras localizar a los delincuentes en el interior del domicilio, se produjo una persecución a pie, donde uno de los componentes de la patrulla sufrió una caída al hundirse un techo de uralita produciéndose un gran corte en la mano izquierda, mientras el otro componente pudo detener a uno de los miembros de la banda de delincuentes. Éste, durante la actuación, sufrió una lesión en su mano izquierda motivado por la resistencia opuesta por el detenido.
En el juicio posterior en la Audiencia Provincial de Cádiz quedó suficientemente acreditado que las lesiones causadas fueron acometidas por el detenido, siendo condenado a indemnizar al agente con la cantidad de 2.120 euros, cantidad que nunca pudo percibir, ya que el delincuente fue declarado insolvente.
Teniendo conocimiento de sentencias favorables en dicho sentido, en Policía Nacional y una en Huelva de Guardia Civil (ganada por los servicios jurídicos de AUGC Huelva), los servicios jurídicos de AUGC Cádiz, con el asesoramiento del abogado Pablo Martin-Bejarano, procedieron a solicitar dicha indemnización a la Guardia Civil, al considerar que debe ser ésta quien indemnice al guardia civil por sus lesiones si el condenado es declarado insolvente.
Se comenzó el procedimiento solicitando el resarcimiento de daños, que fue denegada por la cadena de mando, teniendo que recurrir a la vía contencioso administrativa.
Con fecha 3 de septiembre, el juzgado de los Contencioso Administrativo de Cádiz, dicta sentencia, estimando la pretensión del Guardia Civil, porque según dicho fallo, “declara el derecho del demandante a ser indemnizado por la Administración demandada por los daños sufridos en acto de servicio y por consecuencia de éste”.
Así, el guardia civil deberá ser indemnizado en la cantidad fijada en la sentencia de 2.120 euros.
Estas sentencias son habituales en la Policía Nacional, cuyos agentes reciben indemnizaciones de este tipo cuando los condenados son declarados insolvente, pero es la primera vez que lo consigue un guardia civil en la provincia de Cádiz, por tanto, se abre la posibilidad de poder recurrir a los distintos tribunales contenciosos para reclamar este tipo de indemnizaciones, nuevamente, han tenido que ser los tribunales los que den la razón y los mismos derechos de los que gozan otros funcionarios.
