El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Unificada de Guardias Civiles contra la resolución del 12 de junio de 2018, del secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación por la que se hace pública la identidad de las personas que componen la Comisión de valoración creada por Ley 12/2016 de 28 de julio de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999.
Se trata del paso previo para la impugnación de la Ley del País Vasco 12/2016, de 28 de julio, por la que se pretende reconocer y reparar a víctimas posibles vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999. A esta ley se la conoce como “la ley de víctimas de abusos policiales” y en realidad es un instrumento sin garantías jurídicas, pues se pretende decidir mediante una ley, y no a través de los órganos jurídicos, para dar cobertura a una supuesta “teoría del conflicto", planteando así un escenario tanto de víctimas del Estado como de ETA.
Con el fin de frenar este intento de reescribir el relato sobre las víctimas del terrorismo en el País Vasco, así como reivindicar la memoria y dignidad de éstas, asociaciones de guardias civiles, sindicatos de policías nacionales, entre ellos el SUPO, y asociaciones de víctimas del terrorismo, como la Asociación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (ACFSE) vienen trabajando juntas desde el pasado verano.
Esta norma fue aprobada por el Parlamento Vasco en 2015 y la Abogacía del Estado interpuso un recurso de inconstitucionalidad en fecha 10 de mayo de 2017. Sin embargo, el pasado mes de julio, el Delegado de Gobierno en el País Vasco hizo público tras reunirse con el Lehendakari la predisposición del Ejecutivo central a que se retirase el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra esa Ley vasca.
Tras conocer esta información, y alarmados por la arbitrariedad de la Comisión con la que el Gobierno vasco pretender acreditar vulneraciones de derechos humanos mediante procedimientos deficientes y subjetivos, las asociaciones de guardias civiles, junto con los sindicatos policiales y el Colectivo de Víctimas de Terrorismo (COVITE) anunciaron medidas encaminadas a defender la dignidad de quienes padecieron durante décadas la violencia de ETA, así como a evitar una narrativa de la actividad terrorista intoxicada y parcial.
La admisión a trámite del recurso de AUGC supone la materialización de estas medidas en los tribunales. Una vez más, AUGC confía en el trabajo de sus servicios jurídicos y en la justicia para reparar un intento de menoscabo, en este caso moral, de los guardias civiles y sus familias, además del resto de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las víctimas del terrorismo etarra en Euskadi y el resto de España.
Se trata de una nueva muestra del posicionamiento de AUGC siempre del lado de las víctimas del terrorismo, como demuestran sus personaciones como acusación particular en todos los casos en los que esté afectado un guardia civil o familiares suyos. El último de estos casos ha sido el del juicio por las agresiones en la localidad navarra de Alsasua que tuvieron lugar en 2016 contra dos guardias civiles y sus parejas.
