Se recrudece la campaña de acoso para acallar a los representantes de AUGC a golpe de expedientes y sanciones


El último caso de acoso contra dirigentes de AUGC se da en Badajoz, en la persona de su secretario general provincial, Serviliano Valencia, que por resolución del General Jefe de la Zona de Extremadura ha sido sancionado con diez días de pérdida de haberes y suspensión de funciones por elevar un informe en el que pedía que se investigasen unas irregularidades en el nombramiento de servicios de formación en un destacamento de Tráfico.


19/03/2018
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Serviliano Valencia (en el centro con camisa blanca), posa con el resto de la Junta Directiva Provincial de AUGC Badajoz. Serviliano Valencia (en el centro con camisa blanca), posa con el resto de la Junta Directiva Provincial de AUGC Badajoz.

AUGC denunciaba recientemente a través de un comunicado cómo ha rebrotado en los últimos tiempos  la tendencia institucional de pretender acallar a los representantes de AUGC a golpe de expedientes disciplinarios por demandar derechos sociolaborales para los miembros de la Guardia Civil.

Se trata de una línea que, lamentablemente, semana a semana se viene confirmando.

El último caso de acoso contra dirigentes de AUGC se da en Badajoz, en la persona de su secretario general provincial, Serviliano Valencia, que por resolución del General Jefe de la Zona de Extremadura ha sido sancionado con diez días de pérdida de haberes y suspensión de funciones por “emitir informes partes de servicio que se ajusten a la realidad o la desvirtúen”.

El mencionado miembro de AUGC y guardia civil, en el ejercicio de sus funciones representativas, formuló un parte disciplinario para que se investigaran unas irregularidades en el nombramiento de servicios de formación del Destacamento de Tráfico de Zafra. Solo pidió eso: que se investigasen los hechos. Las mencionadas irregularidades fueron acreditadas, a pesar de lo cual el representante asociativo ha sido sancionado. En cualquier otro organismo, ya sea del ámbito público o privado, el hecho de tener la valentía de poner en conocimiento unas prácticas irregulares sería objeto de reconocimiento, pero no ocurre así en la Guardia Civil donde se castiga y reprime a quién intenta mejorar el funcionamiento de la Institución poniendo en conocimiento posibles prácticas irregulares.

El caso de Serviliano Valencia se añade a otros expedientes abiertos contra representantes de AUGC en el ejercicio de sus funciones asociativas. Un ejemplo de ello lo encontramos en Castellón,  donde se ha sancionado con una falta grave al secretario provincial de esta delegación, Antonio González. Su ‘delito’: no acudir a una reunión con el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil.

No contentos con la sanción, la Guardia Civil interpreta que los representantes no disponen de criterio propio para ir o no a las reuniones, para cuestionar los temas a tratar, etcétera. Como representante únicamente le dejan la potestad de protestar no hablando, pero cumpliendo la orden y asistiendo a la reunión, eliminando de esta forma los pocos poderes que le otorga a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil la Ley Orgánica 11/20007 que regula los cauces de participación de las asociaciones con la Administración

Otro expediente recientemente abiertos contra representantes de AUGC es el que afecta a Pilar Villacorta, quien fuera responsable de la Secretaría de la Mujer y vocal titular del Consejo de la Guardia Civil hasta enero de 2017, y a la que se le mantiene abierto un expediente por reclamar, en un ejercicio de tiro en el que participaba en octubre de 2016, cuando aún era vocal del Consejo e integrante de la Junta Directiva Nacional de AUGC, un chaleco adaptado a la anatomía femenina. Ante su solicitud, un mando procedió a colocarle él mismo un chaleco masculino, en una situación humillante que finalmente la llevó a presentar una denuncia. Hoy la Guardia Civil comienza a dotar de los primeros chalecos femeninos a las agentes.

El caso de Pilar Villacorta remite al de Alicia Sánchez, también representante de AUGC y en la actualidad al frente de la Secretaría de la Mujer, que por el mismo motivo -negarse a vestir un chaleco antibalas masculino, esta vez en un control de carretera- sufrió la apertura de otro expediente en el que se la acusaba de un delito de insubordinación que finalmente la juez del Juzgado Togado Militar decidió archivar.  Cabe recordar que en su auto la propia juez reconocía la discriminación de género existente en la Guardia Civil al no disponer de chalecos femeninos para las agentes. Pese a ello, la Guardia Civil le abriría un segundo expediente acusándola de falta grave.

Otros ejemplos de este rebrote en la apertura de expedientes a representantes de AUGC lo encontramos en los casos del secretario general de la delegación de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Couce, y el que fuera su homólogo en la de Cantabria, Alberto Alegría, a los que se les han incoado sendos procesos como consecuencia de poner en conocimiento del Jefe de Comandancia unas posibles irregularidades llevadas a cabo por un oficial en el primer caso, y por unas declaraciones efectuadas ante los medios de comunicación en los que denunciaban presuntas carencias e irregularidades en la Guardia Civil, en el segundo.

Esta situación vuelve a poner en evidencia la necesidad de impulsar en el seno del Cuerpo un nuevo modelo de asociacionismo profesional que traiga una segunda generación de derechos para los guardias civiles. AUGC seguirá, con más fuerza si cabe, luchando por una Guardia Civil más democrática, más moderna y con derechos para sus miembros, como llevamos haciendo desde la década de los 90 siendo hereditarios del movimiento sindical clandestino que fructificó en los años 80 en la Guardia Civil.

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