La pasada semana la Dirección General de la Guardia Civil publicó un documento sin rango normativo alguno, dictando una interpretación errónea de la normativa que regula nuestra jornada laboral.
Con éste documento, la Guardia Civil anula el derecho a generar descansos por los servicios nocturnos y festivos de los compañeros que suceden en el ejercicio del mando. Con nocturnidad y sin contar con las asociaciones profesionales representativas la Dirección General ha llevado a efecto una reforma legislativa de gran importancia para la calidad de vida de los guardias civiles, con el agravante de llevar a efecto este abuso tres meses antes de publicar el citado documento, por lo que se han visto obligados a rectificar y no aplicar tal medida con caracer retroactivo.
Con éste nuevo abuso se pone de manifiesto, una vez más el talente antidemocrático de los altos mandos, a quienes parecen no importarle la calidad de vida de los guardias civiles, y siguen sin contar con los repesentantes de estos, ninguneando a las asociaciones profesionales, y haciendo caso omiso a las reiteradas sentencias conseguidas por AUGC sobre el derecho de Asociación Profesional.
La propia Dirección General es conocedora del abuso y por ello, ni tan siquiera aparece en el documento la autoridad que ha acordado tal medida en la Orden General de Jornada y Horarios.
Por éste motivo, AUGC ha presentado escrito para que se anule el documento y las medidas que conlleva y desde luego, como hemos hecho siempre, acudiremos a los tribunales de justicia si el Director General no deja sin efecto ese documento y rectifica.
De éste modo, los servicios jurídicos de AUGC se encargarán de la reclamación y en su caso, la demanda contencioso administrativa, sin que tengan que presentar un escrito cada uno de los agentes afectados.
Una vez más, si el Ministerio del Interior no lo remedia, tendrán que ser los tribunales de justicia quienes recuerden a la Administración que AUGC ha llegado al Consejo para quedarse y que ningún general puede saltarse nuestro derecho a participar en las decisiones que afecten a los derechos de los guardias civiles.
