AUGC expone ante el Consejo de Europa las deficiencias del modelo policial en España y la carencia de derechos de los guardias civiles


En una reunión mantenida la pasada semana con representantes del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO)


28/01/2019
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Consejo de Europa, órgano en el que se integra el GRECO Consejo de Europa, órgano en el que se integra el GRECO

El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), que es uno de los mecanismos de control que posee el Consejo de Europa, ha finalizado la visita a nuestro país, donde llevando a cabo diferentes entrevistas a todo tipo de instituciones públicas y privadas, seguidamente va a evaluar el grado de prevención contra la corrupción y el posible anormal funcionamiento de los cuerpos policiales españoles, ya que tras la ronda de entrevistas efectuadas, el GRECO – y esto es lo más significativo - emitirá unas recomendaciones que España, como miembro del Consejo de Europa, se compromete a cumplir, incluso impulsando si ello es preciso, las reformas legislativas, institucionales o de funcionamiento interno que sean oportunas.

En el transcurso de esta visita, los miembros del GRECO también mantuvieron la pasada semana una reunión de trabajo de trabajo con representantes de sindicatos de la Policía Nacional y de asociaciones profesionales de la Guardia Civil, los cuales, en una ronda de intervenciones, expusieron las principales anomalías que se observan en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

De este modo, se señalaron deficiencias que afectan a los dos cuerpos estatales, entre las que se encuentran la forma de afrontar la corrupción interna; u otro tipo de malas prácticas, como la alta tasa de suicidios entre policías o el reparto arbitrario de condecoraciones. Y ya centrándonos en el ámbito de la Guardia Civil, las asociaciones denunciaron cuestiones como la excesiva subjetividad evaluadora que conlleva la actual regulación de los IPEGUCI, o la sobredimensión de los destinos de libre designación en el Cuerpo que actualmente supera el 10% de los puestos de trabajo.

AUGC en su intervención, y tras presentarse con la legitimación de ser la asociación mayoritaria y decana en el Cuerpo, y apoyándonos en esta dilatada trayectoria, incidió en la necesidad de abordar esta cuestión de una forma amplia, comenzando por señalar que las deficiencias concretas que se estaban señalando tienen una causa original en un modelo policial lastrado por circunstancias negativas como la duplicidad de competencias, la descoordinación y la desigualdad en las condiciones profesionales entre policías.

Diferencia entre condiciones sociolaborales y de prestación del servicio que, justamente ahora, se están haciendo más patente, debido al análisis de las funciones policiales que se está realizando en el contexto del proceso de equiparación salarial entre todas las policías, que se está por fin, impulsando. Lo cierto y constatable es que, en esta comparación de funciones y condiciones económicas y laborales, la Guardia Civil pierde significativamente, debido, sobre todo, al sobredimensionamiento del carácter militar del Cuerpo.

Precisamente se señaló ante el GRECO cómo la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles en funciones policiales supone uno de los principales anacronismos en la Guardia Civil, y un claro ejemplo de la falta de derechos que padecen los guardias civiles. En nuestra exposición nos preguntamos si es necesaria la Justicia Militar en tiempos de paz y por qué ocurre esto en un país democrático. En este sentido, nos planteamos esta pregunta: ¿Por qué no se ha eliminado la Justicia Militar en España como sí ha ocurrido en países como Alemania, Austria, Francia, Noruega, Holanda o Dinamarca?

Otro de los problemas en la Guardia Civil señalados por AUGC es el ínfimo porcentaje de presencia femenina en la Institución, muy por debajo del resto de cuerpos policiales y de las Fuerzas Armadas, lo que por más que se pretenda ocultar, está directamente relacionado con la falta de medidas de conciliación de la vida familiar y laboral, ya que en el siglo XXI, la Guardia Civil todavía carece de una jornada laboral que permita esta conciliación, y sus máximos responsables se niegan a adoptar las medidas organizativas necesarias, para ello.

En este sentido, también es evidente que la actual regulación del derecho de asociación profesional es tan restrictiva, que no cumple de forma efectiva su principal función de mejora de las condiciones profesionales, económicas y sociales de los guardias civiles. Algo que han señalado en pronunciamientos recientes, tanto el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, como el propio Consejo de Estado, como órgano asesor del Gobierno. Por lo que AUGC apuntó la necesidad de avanzar hacia una 2ª generación de derechos en la Guardia Civil, donde se regule un nuevo modelo de representación colectiva, que no es otro que el derecho sindical.

También se señaló que para que el modelo policial sea más eficiente, debe ser más accesible al ciudadano. Lo que supone superar el hándicap que supone el “secretismo” que rodea las actuaciones policiales, como argumento básico de sus intervenciones. Falta de transparencia que es aún mayor en la Guardia Civil, al estar militarizada. A este respecto se señalaron como ejemplos, la opacidad en la gestión de la adjudicación de las viviendas oficiales, ajena a la participación de los guardias civiles, en general; el oscurantismo que rodea también a la Asociación Pro-Huérfanos de la Guardia Civil, cuya gestión y control está vedado a los guardias civiles, pese a sostenerla económicamente de forma obligatoria; o el Catálogo de Puestos de Trabajo de la Guardia Civil que, a diferencia de otros cuerpos policiales, no solo no es de acceso público, sino que los propios guardias civiles tienen prohíbo su acceso.

Finalmente, se señaló la necesidad de luchar contra la corrupción con otros instrumentos, ya que el Servicio de Asuntos Internos puede ser eficiente para casos más simples, pero al depender jerárquicamente de la cadena de mando, se torna ineficaz en la corrupción que eventualmente pueda afecta a los máximos responsables del Cuerpo o a representantes gubernamentales. Para ello, AUGC propuso la creación de un sistema de denuncias internas, contra la corrupción y las malas prácticas policiales, radicado en la Secretaría de Estado, abierto de forma anónima a policías, pero también a la ciudadanía, y donde podría habilitarse a sindicatos y asociaciones policiales que así lo asumieran voluntariamente, como puntos de recepción de las mencionadas denuncias.

En definitiva, desde AUGC consideramos de sumo interés la visita a España del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO); órgano al que, además, haremos llegar un informe ampliando estas cuestiones. Esperaremos con expectación las recomendaciones que el citado órgano realice a España, así como lógicamente el cumplimiento de las mismas, que realice el Gobierno de nuestro país.

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