Mañana miércoles 27 de marzo tendrá lugar el primer pleno del Consejo de la Guardia Civil presidido por el Ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska. En él, las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, en unidad de acción, le mostrarán su enorme descontento y oposición ante la falta de transparencia en el proceso de equiparación salarial y la falta de confianza que genera el incumplimiento de los acuerdos firmados para el reparto interno.
Un oscurantismo que tiene como punto culminante el escamoteo del informe realizado por la consultoría externa independiente encargada de valorar la necesidad presupuestaria real para alcanzar la citada equiparación. Este informe, que según algunas informaciones periodísticas, ya estaría en manos del gobierno desde el pasado 25 de febrero, sigue sin ser entregado a las asociaciones profesionales.
Por otra parte, el anuncio unilateral hecho el 26 de febrero por el Director General de la Guardia Civil, Félix Azón, con manifiesto desprecio a lo acordado con las asociaciones representativas sobre la detracción de un porcentaje de la partida de equiparación prevista para 2019 para los guardias civiles en favor de la Policía Nacional, supuso un nuevo agravio intolerable para el personal de la Benemérita.
Igualmente inaceptable es el incumplimiento del Director General del Cuerpo del acuerdo alcanzado y firmado en la Comisión técnica de seguimiento de 5 de septiembre de 2018 por el propio Director y las asociaciones profesionales de forma unánime para el ajuste de complementos específicos de determinados puestos de trabajo en el segundo tramo de la equiparación correspondiente a 2019.
Estas cuestiones han provocado ya la celebración de dos concentraciones de protesta: la primera, el pasado 6 de marzo ante la Dirección General; y, la segunda, el viernes 22 ante la Secretaría de Estado de Seguridad.
A estas actuaciones se le añade el tremendo varapalo sufrido estos días por la Dirección General a través de la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Real Decreto de 2017 que regulaba el reglamento de destinos de la Guardia Civil, una sentencia que muestra la realidad de lo que ocurre cuando se desprecia y no se tiene en cuenta los derechos de los guardias civiles. Una vez más es la Justicia la que tiene que enmendar la plana a la Administración.
En el trasfondo de todas estas cuestiones está la escasa consideración que los responsables del Ministerio del Interior tienen de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil a las que se ha negado además la capacidad de negociación, incluso sobre un acuerdo ya firmado y publicado en el BOE. Y negar la negociación es negar la realidad, y con ello negar los derechos de los guardias civiles.
En el pleno de mañana las asociaciones pedirán explicaciones al Ministro tanto por las irregularidades del proceso de equiparación como por el anulado reglamento de destinos.
De no ser atendidas sus demandas, las asociaciones, en unidad de acción, anunciarán las medidas legales que emprenderán de inmediato. Son ya demasiados los incumplimientos de los sucesivos gobiernos respecto a los derechos sociolaborales de los guardias civiles. Los trabajadores del Cuerpo, sus familiares y amigos y el resto de la sociedad española reclaman que la Guardia Civil deje de ser una policía de segunda, y que sus agentes se equiparen en todos los sentidos al resto de funcionarios que desarrollan su labor en el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
