AUGC Alicante en desacuerdo con el protocolo de identificaciones realizado por diversas unidades

La Ley establece que para proceder a la identificación de ciudadanos en la vía pública es precisa la existencia de indicios de participación en la comisión de una infracción, o que razonablemente se considere necesario realizar la identificación para prevenir la comisión de un delito.

por Ildefonso Garcia Ruiz

La seguridad ciudadana debe ser efectiva y velar por los ciudadanos.
La seguridad ciudadana debe ser efectiva y velar por los ciudadanos.

La delegación de AUGC en Alicante ha tenido conocimiento de que en la demarcación policial de la Guardia Civil de esta Comandancia la cadena de mando en determinadas unidades han impartido instrucciones para que los agentes bajo sus órdenes, además de cumplir con el resto de cometidos, procedan en cada servicio a la identificación de un número mínimo y determinado de vehículos y personas en cada Dispositivo Operativo en Vías Públicas.

De esta manera, los agentes deben identificar preferentemente a personas de interés policial y en todo caso, un número mínimo de personas y vehículos

Cabe resaltar que la Ley, habilita a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la práctica de identificaciones en la vía pública, pero estas no se justifican genéricamente, como sucedía anteriormente en la Ley de 1992, en el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad ciudadana, sino que para ello es precisa la existencia de indicios de participación en la comisión de una infracción, o que razonablemente se considere necesario realizar la identificación para prevenir la comisión de un delito; por otra parte, en la práctica de esta diligencia, los agentes deberán respetar escrupulosamente los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles no entendemos por qué se ordena a los agentes realizar un número predeterminado de identificaciones a los ciudadanos en la vía pública sin un motivo aparente justificado, contraviniendo lo estipulado por la Ley, por el mero hecho de exigir unos mínimos o por realizar meramente tareas estadísticas y por ello han dirigido su queja a la Subdelegada del Gobierno en la Provincia de Alicante, solicitando que cesen dichas órdenes, con el fin de intentar acabar con este atropello para los ciudadanos.

Así mismo, los agentes han trasladado a esta asociación su preocupación por las medidas disciplinarias que pudieran llegar a sufrir en caso de incumplir dicha orden.

Solo queda recordarles a los responsables que la Ley es para todos, que los encargados de hacer cumplir la Ley deben ser ejemplo de su cumplimiento y que su incumplimiento pueden conllevar responsabilidades administrativas, disciplinarias o, en su caso, penales.

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