Las asociaciones profesionales de guardias civiles AUGC, AEGC, ASES-GC, UO, UnionGC y APC, en unidad de acción, han presentado esta mañana una denuncia contra el Gobierno en los Juzgados de Plaza de Castilla debido a las irregularidades detectadas en perjuicio de los guardias civiles en el proceso de equiparación salarial.
Unas irregularidades que incumplen el acuerdo firmado entre las asociaciones y el Gobierno en marzo de 2018.
Según recoge el texto de la denuncia, cuando el Gobierno y las asociaciones firmaron el acuerdo de equiparación salarial se llegó al compromiso de contratar a una consultoría externa que trasladaría los trabajos y los estudios elaborados a las asociaciones del Instituto Armado. Lo que se denuncia ahora es que nunca se produjo este traslado por parte de la consultoría contratada, ERNST&YOUNG ABOGADOS S.L.P
En este sentido, otro aspecto clave en esta denuncia pasa por la información que publicó ‘El Independiente’ el pasado día 26 de marzo con el siguiente titular: "Interior ordenó maquillar el informe de la equiparación salarial diciendo que no habría más dinero”.
En el desarrollo de la noticia, se hace referencia a diversas reuniones entre responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad y de ERNST & YOUNG ABOGADOS, S.L.P, en términos que dan a entender de que autoridades y/ funcionarios públicos presionaron a dicha empresa para cambiar las conclusiones que habrían alcanzado como consecuencia de sus trabajos con el fin para cambiar el resultado final de los mismos.
Estos hechos que son motivo de denuncia deben ser objeto de investigación. Si se relacionan los hechos a los que nos hemos referido y que aparecen en la noticia con el retraso en hacer públicos los trabajos de la Consultora y con la no entrega de los mismos a las asociaciones y sindicatos, existen razones para pensar que las presuntas presiones han podido surtir efecto. Si esto fuera así – hay que investigarlo en sede penal –podríamos encontrarnos ante hechos protagonizados por autoridades y/o funcionarios públicos que, a sabiendas, impiden en este caso, a las asociaciones de guardias civiles y sindicatos policiales- el ejercicio de derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.
Cabe recordar que en el acuerdo firmado en marzo de 2018 con el Gobierno, publicado en el BOE, se indicaba expresamente que las asociaciones colaborarían en el proceso de equiparación. Sin embargo, en lo relativo a dicho informe externo, el ministro del Interior justificó la ausencia del mismo el pasado día 27 de marzo, durante el Pleno del Consejo celebrado ese día, alegando que se había rechazado el trabajo al adolecer, según la versión del Ministerio, de un estudio de equiparación puesto a puesto de trabajo entre Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil, dando un nuevo plazo de cuarenta y cinco días hábiles para la finalización del trabajo por parte de la Consultoría.
Se trata de unas explicaciones que no han convencido a las asociaciones, ya que ni siquiera han podido comprobar por sí mismas lo que recoge dicho informe. Por ello, y ante estas irregularidades, ahora los representantes de los guardias civiles han decidido denunciar al Gobierno para que se esclarezca esta situación.
