AUGC reclama que el Gobierno anule el contrato de privatización de la seguridad penitenciaria


.- Se confirma lo que AUGC lleva años denunciando y se producen problemas en los servicios que presta la seguridad privada en los centros penitenciarios.


31/07/2019
Visitas: 2770

Facebook Twitter Whatsapp
La seguridad pública es uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar. La seguridad pública es uno de los pilares básicos del Estado del Bienestar.

Desde que se inició en 2013 el proceso privatizador de la seguridad pública penitenciaria, AUGC lleva años advirtiendo que más tarde o más temprano se producirían situaciones anómalas y preocupantes, como ya ha ocurrido anteriormente en los aeropuertos, y el tiempo nos da la razón. Desde hace unos días, la empresa de seguridad privada OMBUDS se encuentra en situación concursal y sus trabajadores no han percibido las últimas nóminas, a lo cual debe añadirse la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con sus puestos de trabajo.

Dicha empresa tiene adjudicado uno de los lotes del jugoso contrato para la seguridad privada en los centros penitenciarios, concretamente en las siete prisiones de Madrid, seis de Castilla la Mancha y la de Cáceres. Pero anteriormente OMBUDS llegó a acumular hasta tres de los cuatro lotes contratados, que suponían el 78% del presupuesto total, a pesar de que el propio Gobierno había anunciado que cada lote se adjudicaría a una empresa diferente. Ante la reclamación planteada por AUGC, el Ejecutivo se limitó a decir que “la adjudicación de cada uno de los lotes se realizó al licitador que presentó la oferta económicamente más ventajosa para la Administración”.

Lógicamente, el impago de nóminas y la incertidumbre por sus puestos de trabajo está generando una gran preocupación entre los empleados de OMBUDS, algunos de los cuales han sufrido bajas médicas en las últimas semanas, y la situación está dando lugar a que la mayor parte de estos trabajadores no estén realizando las horas extraordinarias que venían prestando anteriormente, lo que origina que en algunos de los centros penitenciarios afectados no se estén cubriendo todos los puestos de trabajo y consecuentemente se podría estar provocando un incumplimiento del contrato.

Pero además, esa reducción de las horas de trabajo para los vigilantes privados está teniendo consecuencias para los guardias civiles que prestan servicios en los centros penitenciarios, ya que como consecuencia de esta privatización de la seguridad pública ahora deben ser los guardias civiles quienes suplan a los vigilantes o les tengan que facilitar los relevos necesarios, teniendo que modificar algunos cometidos y servicios. 

Es decir, que el Estado abona los servicios a una empresa de seguridad privada para cometidos de seguridad, pero son los guardias civiles quienes están haciendo parte de esas funciones. Ocurre así algo similar a lo que se produjo en el aeropuerto de El Prat-Barcelona, donde se recurrió a los guardias civiles para paliar los efectos del conflicto laboral planteado por los vigilantes privados. 

Cuando competencias relevantes de la seguridad pública se dejan en manos privadas las consecuencias son imprevisibles,ya que el Estado pierde el control efectivo sobre las mismas, y pueden verse afectadas cuestiones fundamentales como la libre circulación de las personas, sectores económicos relevantes, y en definitiva la seguridad pública en toda su extensión.

Esta situación viene a confirmarlos argumentos de AUGC, que lleva seis años reclamando que se anule el contrato de seguridad privada en los centros penitenciarios,que hasta la fecha ha supuesto el derroche innecesario de 210 millones de euros con el fin de aumentar los beneficios para las empresas de seguridad privada, cuyos propietarios son los grandes favorecidos de tan suculentos contratos, puesto que los vigilantes que prestan dichos servicios perciben unas retribuciones exiguas y además sufren situaciones tan preocupantes como la que ahora se está produciendo en OMBUDS.

El Gobierno debe tomar la iniciativa,ya que la solución pasa por la rescisión del contrato, como así parece haber ocurrido en empresas privadas que tenían concertados los servicios de seguridad privada con esta empresa, y realizar una nueva licitación.

AUGC va más allá y propone como una de las medidas que pondría fin a esta problemática que una parte del personal en situación de reserva se reincorpore en virtud del acuerdo para la equiparación salarial,y sea destinado a esos cometidos que ahora acaparan las empresas de seguridad privada, lo cual sin duda supondrá un considerable ahorro para las arcas públicas.

Facebook Twitter Whatsapp

Noticias relacionadas:

Comentarios

    ¿Estáis ocultando los comentarios? Lo publico por segunda vez. Si esto continúa haré lo imposible para que todos los agentes que desempeñan su servicio en los centros penitenciarios se den de baja de la AUGC. Estimados compañeros, ¿habéis prestado servicio recientemente en alguna garita? ¿Os habéis pasado ocho horas pasando el espejo a los vehículos de los proveedores? ¿Y levantando y bajando una barrera? Prometo mandaros una foto cuando realice de nuevo estos cometidos a treinta grados de calor. Yo pensé que eso ya pertenecía al pasado, pero nos vais a condenar a repetirlo. Eso no es progreso, es retroceso. Esas funciones son más propias de vigilantes - sin ánimo de menospreciar a nadie - que de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De nuevo habrá que sacar agentes de la calle para suplir estas necesidades. Os habéis preguntado, por casualidad, qué va a ser del puesto de trabajo de miles de vigilantes? Tenéis que entender también que las situaciones anómalas de este colectivo, por desgracia, han existido siempre, no ahora más que antes. En ningún sitio han estado mejor que en los Centros Penitenciarios, protegidos por nosotros. Sí trabajarais allí, lo sabríais. No echan de menos estar tirados y vendidos en un polígono, ni trabajar en Carrefour. Son muy agradecidos, y tan profesionales o más que nosotros. Y eso de que “cuando competencias relevantes de la seguridad pública se deja en manos privadas las consecuencias son imprevisibles” es manifiestamente falso, porque no son funcionarios; su salario depende de su efectividad. Por otro lado, ¿de verdad os preocupan esos 210 millones? Primero habría que saber si esas cifras son ciertas y, segundo, debería de preocuparos más la indemnización con hasta 150.000 euros que el gobierno de Navarra dará a "las víctimas de abusos policiales". No os oigo, por desgracia, cada vez os oímos menos. Volveréis a perder afiliados; si no, al tiempo.

    Creado el 02/08/2019 a las 20:13 por Jesus Manuel
No se permiten más comentarios.