El pasado mes de abril AUGC presentó una queja ante el Defensor del Pueblo con motivo de las irregularidades que se vienen observando desde hace años en el traslado y custodia de detenidos, presos y penados llevada a cabo por efectivos de la Guardia Civil en demarcación de Policía Nacional –urgencias y sedes judiciales–. La queja también se refería al riesgo que asumen en esos servicios los guardias civiles y la ciudadanía en general.
Finalmente, el pasado 24 de julio el Defensor del Pueblo ha notificado a AUGC la admisión a trámite de la queja planteada, lo que ha originado la apertura de un expediente contra el Ministerio del Interior, que deberá responder ante el alto comisionado de las Cortes Generales sobre todas las irregularidades denunciadas por AUGC.
Esta insostenible situación planteada ante el Defensor del Pueblo se verá en otoño aún más agravada con la quiebra de la empresa de seguridad privada OMBUDS. Ante esta situación, los vigilantes de seguridad, que apoyan a la Guardia Civil en las labores de vigilancia de los perímetros de las prisiones, están abandonando paulatinamente sus puestos de trabajo desde el mes de julio, al no percibir sus nóminas, no realizando tampoco horas extras ni sustituciones. En este escenario podrían quedar sin ser atendidos servicios de conducciones de presos, como los traslados a comparecencias judiciales, así como los traslados de urgencias médicas.
Por parte de AUGC no entendemos la postura impasible ante la gestión de esta crisis, la mayoría en prisiones competencia de la Guardia Civil, puesto que no se ha procedido a la rescisión de contrato de OMBUDS y la posterior contratación de una nueva empresa por la vía de urgencia, que permita garantizar la seguridad en las prisiones. Por el contrario, simplemente se ha archivado el problema en un cajón olvidándose de los guardias civiles sin más. Con la nueva contratación, los guardias civiles no habrían tenido que asumir las funciones de la empresa privada y se garantizarían mayores medidas de seguridad a la hora de trasladar a los presos en conducciones al exterior.
En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, el incumplimiento de la obligación legal de asumir las custodias de los internos que permanecen en las urgencias de hospitales y juzgados de Madrid por parte de la Policía Nacional, y la quiebra de la empresa OMBDUS, va a ocasionar que los guardias civiles y sus familias sufran como consecuencia el incremento de su Jornada Laboral de trabajo hasta las 40 horas, así como la sobrecarga de traslados en dichos servicios y la merma de seguridad en las conducciones y custodias.
Por otro lado, a la vista de estas necesidades, la Guardia Civil ya está valorando la posibilidad de comisionar agentes de otras unidades, para desempeñar la labor de los vigilantes de seguridad, haciendo que la administración deba pagar doblemente por un mismo servicio, al conllevar esta comisión de servicio el pago de dietas a los agentes desplazados.
Estas situaciones de descoordinación y falta de efectivos pueden llegar incluso a repercutir en la seguridad ciudadana de las poblaciones donde patrulla la Guardia Civil, al tener que dedicar efectivos de seguridad ciudadana para estos cometidos, en caso de que no se puedan cubrir las necesidades planteadas por Instituciones Penitenciarias, repercutiendo nuevamente en las zonas rurales los problemas de organización del Ministerio del Interior.
Reclamamos con urgencia una solución para el traslado y custodia de detenidos, presos y penados, con el cumplimiento de la normativa por parte de Ministerio, Secretaria de Estado y Policía Nacional, a la vez que advertimos de que permaneceremos vigilantes para denunciar todas estas situaciones de riesgo y amenaza a los guardias civiles y ciudadanos, los cuales desconocen muchas veces que al acudir a las urgencias del hospital se encuentran rodeados de presos con unas custodias y seguridad mínima, con los riesgos que ello conlleva para el personal sanitario y el ciudadano mismo.
