Persecución a los representantes de AUGC: los jefes de Comandancia aún no han interiorizado la democracia ni las leyes que la protegen

Semanas después de la incorporación de María Gámez como directora general de la Guardia Civil, desde AUGC lamentablemente constatamos que por parte de quienes dirigen la institución se sigue practicando la persecución contra los legítimos representantes de los agentes del Cuerpo, para tratar de amedrentarlos a golpe de expedientes.

por Ildefonso Garcia Ruiz

La directora general de la Guardia Civil, María Gámez.
La directora general de la Guardia Civil, María Gámez.

25 años de historia nos avalan, y desde nuestros inicios lo intentaron, pero jamás consiguieron -ni conseguirán- callarnos con la utilización del Régimen Disciplinario. La venganza es un sentimiento pobre y hoy ya nadie duda de que el movimiento asociativo es una realidad y mejora el funcionamiento de la Guardia Civil.  Hoy es una evidencia de que somos más los que queremos ver una Guardia Civil plenamente democrática que quienes se resisten al cambio. Hoy somos más y estamos más unidos que los que nos quieren hacer menos.

Sin duda, Gámez, como directora del Cuerpo, se enfrenta a la difícil tarea de emprender una labor pedagógica entre los jefes de las Comandancias de la Guardia Civil donde muchos de ellos continúan ejerciendo el poder de una manera caciquil, más propia de un cortijo que de una institución de seguridad pública en un Estado de derecho.

De esta situación, y todo lo que a continuación detallamos, será trasladada en el encuentro que AUGC mantendrá el próximo martes, 25 de febrero, a las 12:00 h. con el recién nombrado Jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General de la Guardia Civil, de la cual os informaremos.

Porque a estas alturas todavía son muchos los mandos que pretenden negar que los guardias civiles están representados por unos compañeros que han sido elegidos para ello en las urnas, y que están protegidos por una ley que reconoce sus derechos y deberes.

En este sentido, cabe recordar cómo incluso en el acta de una reunión de jefes de unidad de la Comandancia de Burgos, celebrada en enero de 2018, se citaba expresamente la indicación de "tener controlado (sic) y verificar quiénes son" los miembros de las asociaciones.

El último ejemplo de este comportamiento despótico saltaba hace escasos días al abrirse un expediente por falta grave a un miembro de la Junta Directiva Provincial de la delegación de AUGC en Jaén.

Muestra de esa política de “la venganza del cacique” es el ‘motivo’ por el que dicho expediente se ha comenzado a instruir. De la relación de AUGC con los medios de comunicación se ha publicado una noticia, en la cual se habla de la falta de personal en las unidades de la Guardia Civil de esa provincia. Es una de tantas, pero esta noticia le ha servido de excusa a este jefe de Comandancia para poner en marcha la maquinaria del castigo disciplinario.

Hay que recordar que el régimen disciplinario de la Guardia Civil establece como posibles sanciones por falta grave la suspensión de empleo de un mes a tres meses, pérdida de cinco a veinte días de haberes con suspensión de funciones y la pérdida de destino.

Esta falta se suma a la abierta recientemente, también por falta grave, a un representante de AUGC Cantabria por realizar una comunicación a la Oficina de Riesgos Laborales.

Son muchos, y por tanto no podemos olvidarnos de todos aquellos representantes de AUGC sancionados en todo este tiempo. Como referencia, nos acordamos de los sancionados durante el último año en comandancias como Madrid, Ciudad Real, Cáceres, Las Palmas, Cantabria y otras muchas unidades. Es el parte de damnificados de la caza de brujas contra los representantes de AUGC por dar voz a los problemas de los guardias civiles y dar la cara para defender sus intereses.

Algunas de esas sanciones han conseguido nuestros servicios jurídicos que se anularan o fueran rebajadas y otras están en fase de recurso, donde esperamos se nos dé la razón, ante lo consideramos un uso desproporcionado del régimen disciplinario, y especialmente dirigido a nuestros representantes.

Otro ejemplo de ese abuso, lo tenemos en la Comandancia de Badajoz, donde varios de nuestros representantes han sido perseguidos a base de expedientes que, uno tras otro, han sido anulados por los tribunales de justicia.

En el último informe elaborado por el GRECO ya se hacía eco del elevado número de faltas disciplinarias que se sancionaban en la Guardia Civil donde, entre 2007 y 2016, se impusieron 4.794 sanciones por faltas graves y muy graves, mientras que, en la Policía, durante el período 2006-2015, hubo 1659 sanciones.

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