Los hechos ocurrieron en julio de 2020 cuando un individuo con diversos antecedentes policiales y tras haber cometido un ilícito penal se encontraba detenido y bajo custodia policial en las dependencias del acuartelamiento de Altea cuando, según reza en la propia sentencia del Juzgado de lo Penal nº 3 de Benidorm, viéndose afectado por un "episodio psicótico" que le había anulado sus "capacidades cognitivas y volitivas e intelectivas, teniendo una percepción totalmente errónea de la realidad".
La agresión se dio cuando en un momento dado se le dejó salir de su celda y beber agua. Tras ello se negó en reiteradas ocasiones a volver al interior del calabozo impidiendo el cierre de la puerta, momento en el que el detenido, con ánimo de menoscabar el principio de autoridad y la integridad física de los agentes, propinó un fuerte golpe en el pecho a uno de ellos iniciándose un fuerte forcejeo en cuyo curso les infirió a éstos diversos puñetazos y patadas. Este forcejeo ocasionó la caída al suelo de uno de los agentes, seguidamente el detenido intentó morder al agente y quitarle el arma reglamentaria del cinturón, afortunadamente sin lograr su propósito. No obstante consiguió coger el radioteléfono que portaba el guardia civil para después lanzarlo contra el suelo causándole desperfectos.
Como consecuencia de los hechos, los dos guardias civiles intervinientes sufrieron lesiones de importancia que requirieron para su cura tanto primera asistencia médica como tratamiento médico, impidiéndole realizar con normalidad sus funciones habituales como agentes de la autoridad durante varios días, así como a uno de ellos le fueron causados desperfectos en la funda de su propiedad del arma reglamentaria que portaba, y daños causados en el radioteléfono oficial de la Guardia Civil.
Uno de los guardias civiles lesionados y afiliado a AUGC solicitó los servicios jurídicos de esta Asociación, siendo representado por el letrado Alberto Manuel Mollá Díez para ejercer la acusación particular contra el acusado que, siendo presuntamente responsable de un delito de atentado contra los Agentes de la Autoridad, así como de lesiones leves y daños, si bien ha quedado absuelto al considerar el Magistrado Juez del Juzgado de Benidorm, que el acusado es inimputable al haber sufrido el "episodio psicótico" mencionado que le anuló sus facultades y a su vez le ha impuesto ciertas medidas de seguridad y controles de salud mental, así como viéndose obligado a indemnizar en concepto de responsabilidad civil al agente afiliado de la AUGC en la cantidad de 1.120 euros por las lesiones sufridas y 72,60 euros por los desperfectos causados en la funda particular de su arma reglamentaria. Así como otras cantidades económicas para el otro agente por las lesiones y a la Dirección General de la Guardia Civil por los daños originados en el material policial.
Desde AUGC de Alicante, nos alegramos que los agentes no hayan acabado con lesiones más graves o irreversibles a causa de la agresión sufrida, y solicitamos al Ministro del Interior y al resto de los responsables políticos que los miembros de la Guardia Civil deben ser considerados, al igual que las policías autonómicas, como grupo de riesgo y que deben realizar las modificaciones pertinentes en el código penal para este tipo de delitos con un endurecimiento de las penas para reforzar el principio de autoridad, así como continuamos insistiendo en solicitar a las autoridades judiciales que sigan aplicando el máximo rigor penal y sancionador posible en este tipo de hechos.
