25 Guardias Civiles en prácticas reforzarán temporalmente la plantilla de la provincia de Huelva, menos de la mitad que en años anteriores

De más de 2.100 vacantes para guardias en prácticas 25 son para esta provincia, aquejada por el gran déficit de plantilla

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Guardia Civil Huelva

Los nuevos compañeros en prácticas se incorporarán temporalmente a las Unidades de la Guardia Civil durante el mes de julio y transcurrido el año obtendrán sus destinos definitivos. Actualmente están acabando su período formativo en la Academia de Baeza (Jaén) y en el Colegio de Valdemoro (Madrid).

La llegada de los Guardias en prácticas supone un pequeño respiro temporal para aquellas Unidades que necesitan refuerzos de plantilla –especialmente en las zonas de la costa y sin olvidar que la Comandancia de Huelva tiene una plantilla por debajo del catálogo de puestos de trabajo y con cuantiosas vacantes sin cubrir–. Lo cierto es que se esperaba que la Dirección General al menos compensara temporalmente el déficit que prevalece. Más aún ahora que en las épocas estivales hay un incremento exponencial de la población y unas plantillas más reducidas por las vacaciones. Pero no ha sido así. Sólo se han asignado a esta provincia 25 destinos de un total de 2.101 publicadas. Es menos de la mitad de los que venía recibiendo en años anteriores, ya que en 2021 hubo 73 nuevos compañeros en prácticas.

Una vez más, en este reparto la perjudicada es la provincia de Huelva, dado el escaso número de vacantes cubiertas por Guardias en prácticas. Sin duda alguna el servicio al ciudadano estará mermado. Pero, además, se ha perdido la oportunidad de reforzar aquellas unidades donde la necesidad de plantilla es más acuciante. Las vacantes publicadas corresponden todas a Puestos de Seguridad Ciudadana y se distribuyen con cuentagotas entre diversas poblaciones de la provincia, sobre todo en puestos de la costa donde más se nota esta falta debido a la problemática del narcotráfico y el aumento de este tipo de delitos.

AUGC viene avisando que, además de cubrir las vacantes existentes, debe incrementarse el catálogo de puestos, ya obsoleto para las necesidades de seguridad en esta provincia. Como es evidente que la Dirección General de la Guardia Civil no va a poner fin a esa sangría de efectivos, la única alternativa pasa actualmente por la reorganización territorial y funcional de las unidades de la Guardia Civil que AUGC lleva años reclamando. Sólo de ese modo se podrían rentabilizar adecuadamente los escasos recursos humanos que ahora están dispersos y desorganizados dentro de un modelo policial obsoleto que necesita actualización y modernización para ofrecer el servicio que demanda la actual sociedad de Huelva.

Cuanto menos, los ciudadanos deben tener conocimiento este año de que si la Guardia Civil tarda en llegar tras un aviso, se debe a la reducción de efectivos, a que un tercio de la plantilla fue de vacaciones y a que el trabajo se multiplica con el crecimiento de la población en las zonas costeras. Es incongruente que se dé la paradoja de que cuando la población aumenta, disminuyen los Guardias Civiles y viceversa.

De nada vale dar publicidad a un supuesto aumento de plantilla en la costa de Huelva, como los poderes políticos han querido hacer ver. No es cierto. El Ministerio del Interior puede dar muchas instrucciones para hacer publicidad institucional, como ocurrió ayer, pero lo cierto es que van a venir 48 Guardias Civiles en prácticas menos y se van a marchar de vacaciones unos 500 compañeros en cada turno. Eso se va a notar en el servicio que va a recibir el ciudadano.

Esta es la realidad de lo que va a ocurrir. El resto son meros intentos de engañar al ciudadano para que toda la responsabilidad recaiga en los Guardias Civiles que acuden ante los requerimientos. La experiencia nos dice que habrá muchas patrullas que no podrán salir y se tendrá que acudir a las llamadas en algunas ocasiones con patrullas de otros Núcleos Operativos. Eso significará tardanza en acudir, de las que consideramos debe tener constancia el ciudadano para que recaiga la responsabilidad sobre los poderes públicos y no sobre nosotros.