AUGC Córdoba consigue que se indemnice a dos Guardias Civiles retirados por las vacaciones no disfrutadas

Los servicios jurídicos de de la Delegación cordobesa han logrado que los dos agentes perciban 7.900 euros por el período vacacional del que no pudieron hacer uso

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La DGGC ha modificado su criterio y reconoce en vía administrativa el derecho a compensación ante estos casos. Gracias a las sentencias obtenidas por AUGC ya no es necesario interponer contencioso-administrativos.

Los servicios jurídicos de AUGC en Córdoba lograron una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid donde reconocía el derecho de un Guardia Civil que estaba destinado en el Puesto de Alcaracejos a ser indemnizado por las vacaciones que no pudo disfrutar tras haber padecido una prolongada situación de incapacidad temporal que finalmente derivó en su pase a retiro por incapacidad permanente debido a tres patologías causadas por sus funciones profesionales. Ahora, la Dirección General de la Guardia Civil ha ejecutado la sentencia y le ha abonado más de 3.600 euros.

En una situación similar se encontraba otro Guardia Civil que estaba destinado en el Puesto de Bujalance, el cual también pasó a retiro tras una larga incapacidad temporal que le impidió hacer uso de las vacaciones que le correspondían. Asesorado por los servicios jurídicos de AUGC solicitó la compensación correspondiente al servicio de retribuciones de la Guardia Civil y le ha reconocido y abonado más de 4.300 euros por dicho concepto.

El abogado de AUGC en Córdoba, Miguel Carbajo, ha declarado que “hasta hace apenas unos meses, los afectados por estas situaciones se veían obligados a embarcarse en largas y complicadas reclamaciones, interponiendo recursos contencioso-administrativos. Gracias a las numerosas sentencias obtenidas por AUGC en todo el país, la propia Dirección General de la Guardia Civil ha modificado su criterio y desde enero de este año viene reconociendo en vía administrativa el derecho de los Guardias Civiles a ser compensados en estos casos, como no podía ser de otro modo, porque se trata de un derecho laboral reconocido por el Parlamento Europeo y por el Tribunal Supremo”.