La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) manifiesta su más absoluto rechazo ante la deriva autoritaria de la Administración, que tras más de un año de grupos de trabajo, ha decidido aplicar la política del rodillo para imponer novedades que lejos de solucionar los problemas estructurales, agravan la precariedad de los agentes. Resulta inadmisible que tras meses de reuniones, la respuesta sea la imposición unilateral de medidas que ignoran las necesidades reales.
La trampa del derecho preferente modulable y el olvido deliberado del Estrecho
La principal novedad, supone un retroceso histórico disfrazado de progreso. Al establecer una fecha de caducidad definitiva para el derecho preferente absoluto en el País Vasco y Navarra (fijada el 30 de junio de 2030), la Administración liquida una garantía fundamental para quienes sirven en dichas zonas. Esta eliminación se diluye dentro de la nueva figura del derecho preferente modulable, que si bien incluye a Cataluña e Illes Balears en un intento por reconocer su penosidad, lo hace mediante una fórmula de antigüedad compensada que resulta insuficiente y tramposa.
Este nuevo modelo modulable ignora de manera flagrante la zona del Estrecho, un territorio que sufre diariamente el azote del narcotráfico y la presión de la inmigración. Resulta incomprensible que se diseñen incentivos para el norte y el Mediterráneo mientras se da la espalda a los compañeros del sur, tratándoles con parches a coste cero para la administración que no abordan el problema de forma integral. La seguridad en el Estrecho no se garantiza con retoques administrativos, sino con la declaración urgente de Zona de Especial Singularidad (ZES) y soluciones reales ante la delincuencia desatada, el riesgo de exclusión social y los precios de vivienda inasumibles que expulsan a los guardias civiles de sus destinos.
Tiempos de permanencia: una anomalía contra la conciliación
Otra de las líneas rojas que AUGC señala es la creación de los Tiempos Máximos de Permanencia (modificando la Orden INT/26/2021). Consideramos que fijar límites de 10, 12 o 15 años para oficiales y suboficiales en sus puestos es una anomalía dentro de la Administración Pública española y una medida totalmente beligerante contra la planificación familiar.
Esta normativa obliga a los mandos a un desarraigo forzoso que hace imposible la conciliación. No se puede hablar de modernización cuando se castiga la estabilidad de un trabajador en su puesto, que afecta directamente a la escolarización de los hijos y al empleo de los cónyuges. Es un ataque frontal a la calidad de vida que AUGC no va a permitir sin batalla.
La valoración de AUGC
Finalmente, aunque valoramos que por fin se reconozca la penosidad en Baleares y Cataluña, los dos puntos adicionales en concursos de méritos nos parecen un gesto meramente testimonial, tal como expresamos debería abordarse de manera completa los incentivos en estas zonas de especial singularidad. Sin un aumento real del plus de territorialidad y sin incentivos económicos de peso, estas medidas no son más que maquillaje para ocultar una gestión fallida. AUGC continuará analizando este atropello y tomará todas las medidas necesarias para que la voz de los guardias civiles no sea silenciada por el rodillo de una Administración que vive de espaldas a la calle.