AUGC entrega firmas para eliminar el copago farmacéutico de los pensionistas de clases pasivas

Nuestra organización está recogiendo en la provincia de Córdoba firmas de apoyo a la ILP promovida por las asociaciones RAGCE y AJPNE para la eliminación del copago farmacéutico que afecta a los pensionistas de las clases pasivas del Estado

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Momento de la entrega de las firmas recogidas.

Representantes de AUGC en Córdoba han entregado al delegado provincial de AJPNE (Asociación de Jubilados Policía Nacional de España) casi mil firmas recabadas en toda la provincia cordobesa por los vocales y afiliados de AUGC, en apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular para la eliminación del 30% del copago farmacéutico que afrontan los pensionistas de las mutualidades ISFAS, MUFACE y MUGEJU, entre los que se encuentran los guardias civiles cuando llegan al final de su carrera profesional.

El secretario provincial de AUGC, Juan Ostos, ha expresado “nuestro agradecimiento a la sociedad cordobesa por la buena acogida que ha ofrecido a esta iniciativa, a pesar de las enormes dificultades que implica recabar firmas de apoyo en la actual situación de pandemia, por lo que resulta aún más encomiable la labor que han llevado a cabo nuestros vocales en todas las localidades de la provincia para intentar acabar con este agravio que padecen muchas personas pensionistas, las cuales se ven obligadas a asumir un elevado coste económico por los tratamientos médicos que necesitan”.

Esta iniciativa ha supuesto un hito porque por primera vez se han unido para colaborar la gran mayoría de asociaciones profesionales y sindicatos de la función pública, más de cuarenta organizaciones que están recogiendo firmas en todas las provincias y ciudades autónomas, al tratarse de un problema que afecta a todos los empleados públicos cuando pasan a retiro o jubilación.

El objetivo de la ILP es conseguir la eliminación de la discriminación que padecen los pensionistas de clases pasivas del Estado en la normativa actual, y se fundamenta en la quiebra de los principios constitucionales de igualdad y equidad, al obligarles a pagar el 30% del precio de todos los medicamentos, con independencia de su capacidad adquisitiva, afectando más gravemente a quienes tienen rentas más bajas al limitar el acceso a la prestación farmacéutica y vulnerar el derecho constitucional a la protección de la salud.

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