Nuestra acusación es firme y contundente al calificar los hechos del 9 de febrero de 2024 como dos delitos de asesinato consumado y cuatro en grado de tentativa. Los datos son estremecedores, el patrón de la narcolancha de 14 metros y cuatro motores embistió con plena conciencia de su actuación a una pequeña embarcación oficial de apenas 4,70 metros. No hubo accidente, hubo una "clara intención de causar el mayor daño posible" aprovechando una "superioridad manifiesta" que dejó a nuestros compañeros sin posibilidad alguna de defensa.
Por ello, desde AUGC solicitamos penas de 25 años de prisión por cada asesinato y una fianza de 3.000.000 de euros para asegurar las responsabilidades civiles. No olvidamos a quien colaboró activamente utilizando un puntero láser para deslumbrar y cegar a los agentes antes del impacto.
Nuestras reivindicaciones: Una lucha por la dignidad y la vida
Este escrito pone de relieve una realidad que AUGC lleva años denunciando, enviar a guardias civiles a combatir el narcotráfico en estas condiciones es enviarlos al sacrificio. Por eso, además de la acción judicial, reiteramos con más fuerza que nunca nuestras exigencias:
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Refuerzo urgente de medios materiales y humanos en las unidades que luchan contra el narcotráfico, ya que no podemos permitir que se repitan situaciones de inferioridad técnica tan alarmantes.
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Medios marítimos adecuados para hacer frente a las narcolanchas, porque la seguridad de quienes nos protegen debe ser la prioridad absoluta del Estado.
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Reconocimiento de la profesión de riesgo para los guardias civiles, una demanda histórica que la realidad de Barbate ha demostrado ser una necesidad de justicia básica.
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Un plan integral real contra el narcotráfico en la zona, que aborde el problema desde la raíz y con recursos permanentes, no con parches temporales.
Exigencia de responsabilidades
Desde AUGC no sólo señalamos a quienes pilotaban la narcolancha, también exigimos responsabilidades políticas al más alto nivel. Cuando se ordena a seis agentes prestar servicio en una zodiac de dimensiones reducidas frente a monstruos de alta velocidad, se está poniendo en peligro su integridad física de forma negligente. La falta de medios no es una fatalidad, es una decisión política, y quienes tomaron esas decisiones deben responder por ellas.
La lucha de AUGC continuará en los tribunales y en las instituciones hasta que se logre una sentencia ejemplar y un cambio real en las condiciones de trabajo de todos los guardias civiles.