La Asociación Unificada de Guardias Civiles lleva mucho tiempo denunciando el incremento de las evasiones de presos durante los últimos años, y en 2025 la tendencia se mantiene, a la vista de la información facilitada por el Ministerio del Interior a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ante un requerimiento de la Comisión de los Servicios de Protección y Seguridad de AUGC.
Los datos de Interior revelan que, mientras el número total de fugas se ha mantenido estable respecto a años anteriores, sin embargo en 2025 se han triplicado las evasiones producidas en los centros penitenciarios, suponiendo el 60% de las registradas durante el año pasado, cuando en 2024 fueron solo el 20%. Durante los últimos quince años, solo se había producido un número tan elevado en 2011 y 2020.
Una de esas fugas se produjo en febrero en la prisión de Cuenca, que en esas fechas se encontraba en obras, circunstancia que aprovechó el interno para evadirse, si bien fue detenido unos días después. Otro caso tuvo lugar el mismo mes en el centro penitenciario de Villanubla (Valladolid), cuando un conocido narcotraficante de Plasencia supuestamente aprovechó la salida de permiso de otros internos para fugarse. Ambas prisiones son de las antiguas, la de Cuenca inaugurada en 1980 y la de Valladolid en 1985.
Por otro lado, aunque las evasiones de presos en los centros hospitalarios se han reducido ligeramente en 2025 respecto al año anterior, representan nada menos que el 40% del total. A pesar de ello, poco o nada están haciendo por revertir el problema las administraciones implicadas, tanto el Ministerio del Interior como las comunidades autónomas. Lo cierto es que durante los traslados y custodias en hospitales los medios y el personal son insuficientes, las instalaciones deficientes y los protocolos inadecuados.
AUGC lleva mucho tiempo reclamando que se habiliten en los centros hospitalarios de referencia dependencias de custodia adecuadas y separadas del resto de pacientes y usuarios, no solo por seguridad sino también para respetar el derecho a la privacidad y dignidad de las personas internas en centros penitenciarios garantizado en la normativa reguladora.
Así como que se habiliten en los hospitales y juzgados garajes, o al menos zonas seguras, con acceso directo y restringido para poder extraer con la suficiente seguridad a los presos de los vehículos policiales, con el fin de evitar los riesgos de fugas y agresiones que se producen cuando esos cometidos se llevan a cabo en plena calle, que es lo que está ocurriendo ahora.
Pero la medida que más ayudaría a atajar esta situación sería la transferencia de los servicios sanitarios penitenciarios a las comunidades autónomas, obligación establecida por una ley hace más de veintiún años que está siendo incumplida por el gobierno estatal y por los ejecutivos autonómicos. Esa transferencia mejoraría la atención sanitaria que reciben los internos y disminuiría considerablemente el excesivo número de traslados que se realizan actualmente, lo cual reduciría mucho las fugas, los riesgos de seguridad y los miles de consultas y pruebas médicas canceladas por falta de agentes para trasladarles.
En lo que respecta a los intentos de fuga registrados durante 2025, el 68% se produjeron en los centros penitenciarios, el 21% tuvieron lugar en los hospitales y el 11% durante los traslados. Del mismo modo que ha ocurrido con las evasiones consumadas, las tentativas en las prisiones casi se han duplicado respecto al año anterior.
Entre los intentos de fuga más sonados en 2025 está el que se produjo en abril en el Hospital de León, donde un interno de la prisión de Mansilla de las Mulas condenado por narcotráfico intentó escapar con ayuda de cuatro miembros de su organización criminal desplazados desde la comunidad valenciana, que actuaron con armas simuladas y rociando a los guardias civiles con sustancias tóxicas, pero la rápida actuación de los agentes y la colaboración del personal sanitario consiguió frustrar la evasión.
Además de las medidas ya expuestas, AUGC lleva años reclamando la modificación y actualización del protocolo para las conducciones y custodias de presos, así como la renovación de la flota de vehículos celulares de la Guardia Civil, la dotación de los medios específicos adecuados, y formación específica para quienes realizan las conducciones.
Todas esas cuestiones han sido planteadas por la Comisión de SEPROSE de AUGC a Interior, a la dirección general de la Guardia Civil, al Defensor del Pueblo, a diputados y senadores de la mayoría de grupos parlamentarios e incluso a algunas comunidades autónomas. Y seguirá insistiendo hasta que se adopten las medidas necesarias para mejorar esos cometidos y sobre todo la seguridad de los guardias civiles que los desempeñan.